En junio del año pasado, la SET denunció ante la Fiscalía un posible esquema delictivo que incluiría la producción de documentos no auténticos, la clonación de facturas y la inscripción de personas en el RUC sin su consentimiento o ya fallecidas, con el objetivo de disminuir el pago de impuestos o evadirlos y solicitar créditos fiscales.
El monto inicial rondaba los G. 130.000 millones (USD 22,2 millones), con una presunción de evasión inicial de G. 52.000 millones (USD 8,9 millones). Esto motivó el allanamiento en 23 lugares, que incluyó a estudios contables, auditores externos impositivos y empresas gráficas de capital e interior del país.
Casi de inmediato fueron recusados los fiscales intervinientes, pero en diciembre la Corte los confirmó en el caso.