La Embajada norteamericana expuso a través de sus redes sociales la importancia de que la transparencia forme parte del proceso electoral.
“La transparencia y la trazabilidad del financiamiento político son claves para detectar y combatir hechos de corrupción hacia una democracia sólida y representativa. Felicitamos al Gobierno y al pueblo paraguayo por facilitar este histórico logro”, expresa el tuit publicado ayer.
El mensaje se dio horas después de que el presidente Mario Abdo Benítez promulgó en tiempo récord la ley de trazabilidad de financiamiento político. Ahora depende de que las instituciones funcionen para ejercer el combate contra el lavado de dinero y el crimen organizado.
Ni bien el Congreso remitió ayer el mensaje a la asesoría jurídica de la Presidencia de la República se dio trámite al documento que pretende aumentar los controles al financiamiento del dinero sucio en las campañas electorales desde las internas partidarias. “Ya promulgamos. Es la ley número 13. Nosotros por iniciativa hemos enviado y trabajado con el Congreso Nacional, el Poder Judicial y con la Fiscalía General del Estado 12 leyes aprobadas el año pasado”, significó Marito, tras inaugurar el centro de tratamiento de adicciones en Piribebuy, Cordillera.
Considera que con esta decisión se demostró la voluntad política para combatir el lavado de dinero, el crimen organizado y el tráfico de armas.
“En tiempo récord se han construido nuevas herramientas que permiten una mejor y eficiente lucha contra el crimen organizado”, significó.
Remarcó que ahora con las nuevas herramientas espera que las instituciones puedan funcionar efectivamente y que no terminen siendo letra muerta. “Ya no depende del Ejecutivo, sino de otros poderes del Estado, que haya resultados reales, que haya sentencia condenatoria, que todo el peso de la ley con esta herramienta genere resultado”, sentenció.
El senador Silvio Ovelar expresó que sigue manteniendo sus dudas sobre la aplicabilidad de la nueva ley. Consideró que el órgano de aplicación (TSJE) tendría que tener una unidad técnica de fiscalización mejor organizada por el volumen de candidaturas que se presentarán en las municipales y generales.