La muerte del joven dirigente Rodrigo Quintana en manos de la Policía Nacional, durante el atraco a la sede del PLRA, fue claramente un acto de terrorismo de Estado. Allí hubo abuso del poder, un uso ilegítimo de la fuerza por parte de la Policía Nacional que, es importante dejar en claro, es una institución de estructura vertical (jerárquica), lo que implica una cadena de mando en la que los niveles superiores ejercen la autoridad y dan las órdenes a sus subordinados.
En la madrugada del 1 de abril pasado, siete patrulleras de la policía, dirigidas por destacados comisarios (jefes) acudieron hasta el local partidario de los liberales en el microcentro asunceno, supuestamente siguiendo una turba que había atacado el edificio del diario ABC Color, y bajo la orden de “entren, entren, y disparen”, según testigos, en medio de gritos y corridas, un proyectil se robó la vida a Rodrigo.
La Policía actuó con una violencia pocas veces vista e ingresó atropellando intempestivamente la casa de los liberales, sin una orden judicial, buscando a los supuestos responsables del incendio del edificio del Congreso, que horas antes se había producido en la zona del microcentro.
De este hecho gravísimo, sin embargo, aunque suene descarado, el Gobierno y la Policía Nacional quieren responsabilizar a un suboficial segundo, de nombre Gustavo Florentín, de quien primero habían dicho que había sacado de la Comandancia, sin autorización, el arma que utilizó.
Ningún jefe de los que estuvieron esa noche admite haber dado la orden de ingresar y disparar balas de plomo. Al principio, algunos de los varios comisarios que estuvieron allí negaron incluso participación en el hecho. Afortunadamente, varias cámaras que captaron todo evidenciaron lo contrario.
Otro dato demasiado grave es lo que indica el cruce de llamadas realizadas en las horas más calientes de esos sucesos, incluso, minutos antes del atropello al PLRA: el comandante de la Policía estuvo en directa comunicación con el gerente de la tabacalera del presidente Cartes, José Ortiz, a quien el mandatario, en su gabinete no oficial, confía los asuntos de seguridad. ¿Quién daba la orden a quién en la cascada de mando?
La evidente y tenebrosa intención de las autoridades por zafar cualquier responsabilidad, cargándola sobre el hombro de un suboficial de 23 años, es insostenible. Constituye una burla ante la ciudadanía y un gran daño a la escasa confianza que genera la Policía Nacional. Para enturbiar aún más este caso, la Fiscalía que debe investigar y esclarecer lo que ocurrió, no demuestra empeño por alcanzar estos objetivos. Por eso hay que seguir con detenimiento lo que está diciendo el suboficial Florentín, aparentemente dispuesto a que se sepa “la verdad, que es verdad”. Asume él que es el chivo expiatorio escogido por la Policía para que un grupo de altos oficiales, que no dudaron en pisotear todas las reglas, salgan impunes.