Desde la vuelta a la democracia hace ya un cuarto de siglo, tuvimos en el país dos importantes reformas del sistema impositivo, el primero en 1991 y luego en el 2004.
El primero logró simplificar en gran medida una maraña impresionante y obsoleta que venía de la época de la dictadura. Y que más bien estaba preparada para dificultar a los contribuyentes, “vendiendo” soluciones de acuerdo con las necesidades.
El segundo planteó otras reformas profundas al sistema, manteniendo la lógica de la simplicidad, disminuyendo tasas, generalizando los alcances y agregando algunos temas claves como el impuesto a la renta personal, cuya implementación se atrasó de manera absurda por motivos políticos, pero que finalmente está vigente.
Se debe reconocer que en este proceso hemos logrado avances significativos, particularmente en términos de formalización y, por ende, en la recaudación, aunque aún estamos muy lejos de ser un Estado que recauda lo que debería, enfrentando una enorme evasión realmente difícil de cuantificar. En definitiva, hoy tenemos un Estado cuyas recaudaciones impositivas vienen creciendo sostenidamente a tasas interesantes –como el 24% de crecimiento del último año en relación al anterior–, pero que en términos globales representa solo el 13% del PIB de nuestro país, uno de los más bajos de la región y del mundo.
También tenemos un sistema simple, en teoría de baja complejidad administrativa para el pago de impuestos en general, y con tasas también de las menores en la región en prácticamente todos los tipos de tributos, es decir el IVA, el impuesto a la renta, el de selectivos al consumo y el impuesto a la renta personal.
Pero este proceso de reformas también nos ha dejado un sistema impositivo altamente regresivo, lo cual significa que es injusto socialmente hablando, potenciando las desigualdades que de por sí existen marcadamente en nuestro país. Un sistema es regresivo cuando en su composición los impuestos indirectos como el IVA y otros al consumo, tienen una dominancia total. En nuestro país, los mismos representan al menos el 75% del total de los impuestos recaudados.
Esto implica básicamente que los ciudadanos con menores ingresos deben destinar una proporción mucho mayor de sus ingresos totales al pago de impuestos, a diferencia de lo que ocurre con los ciudadanos de mayores ingresos. Efectivamente, esto es lo que acontece cuando los impuestos indirectos dominan el escenario como es en nuestro caso, a contramano de los sistemas impositivos más progresivos en donde existe un mayor balance entre los impuestos indirectos y los directos.
El otro punto que hace a nuestro sistema actual es que con la buena intención de generar incentivos adecuados a la tan necesaria inversión en diversos sectores de la economía, nos hemos llenado de diversos tipos de exenciones impositivas, muchas de las cuales ya no tienen razón de ser y se han convertido más bien en elementos distorsivos y claramente injustos, pues hasta pueden ser vistos como subsidios ocultos. Además, este tipo de exenciones afecta precisamente al tipo de impuestos directos que podrían hacer de nuestro sistema un poco más progresivo y, por lo tanto, equitativo.
Finalmente, un punto siempre central es la construcción de capacidades suficientes dentro del sistema para efectivamente cobrar los impuestos, disminuyendo con fuerza la evasión.
Mucho de esto ha venido ocurriendo y fue parte también de los procesos de reformas mencionados, pero necesitamos profundizar en la construcción de capacidades y la tecnología puede ayudar mucho hoy en día.
A mediados de esta década, necesitamos encarar de vuelta unos ajustes a nuestro sistema impositivo, corrigiendo las distorsiones y, por sobre todo, volviéndolo más progresivo, equitativo y eficiente.
Hablar de tocar los impuestos es algo que siempre produce resquemor en muchos sectores, en especial en los favorecidos, pero es un debate absolutamente necesario para cualquier Estado moderno y democrático.