Esto se desprende del desarrollo que está teniendo el proceso judicial, según el abogado de la PGR, Daniel Rodríguez, el encargado de darle seguimiento a esta demanda para recuperar el dinero que el Estado destinó, por ley, para el citado efecto. Esta acción había sido duramente cuestionada a nivel empresarial y político, debido a que se obligó al Estado a pagar con sus recursos la deuda derivada de mala administración de una empresa privada, bajo el pretexto de la “responsabilidad social”.
Rodríguez comentó que fue en el 2015 que presentaron el pedido de quiebra en la jurisdicción de Villarrica y que luego el expediente fue tras- ladado a Asunción.
CHICANAS. Indicó que el caso desde el inicio fue víctima de chicanas. “Apenas tuvo el expediente el juez de primera instancia Hugo Becker, es recusado por el abogado de la empresa Caballero Krauer. El juez impugnó esta recusación, pero la primera sala decide hacer lugar a su recusación”, recalcó.
Añadió que luego se reconoció la personería de la PGR, se instauró el pedido de quiebra indirecta y se corrió traslado a la Sindicatura General de Quiebras y la Fiscalía. Subrayó que esta última “se desentendió” alegando que aún no era el momento de intervenir.
Añadió que el juez Mendoza fijó una audiencia en base a la ley de Quiebras para agosto del año pasado, oportunidad en que no aparecieron los accionistas de la azucarera. Seguidamente, el abogado Caballero Krauer recusó con causa al juez “con un argumento totalmente inadmisible”.
Dijo que Mendoza impugna la recusación, pero en la Primera Sala, se quedó en suspenso el segundo voto de la camarista Valentina Núñez. Mientras, el caso pasó a la jueza del noveno turno Mafalda Cámeron, que ya está en condiciones de resolver la quiebra, pese a que aún no se decidió sobre la impugnación de su colega.
Rodríguez dijo que “ya asusta” cómo la otra parte logra frenar el proceso. “Lo que está claro es que nosotros vamos a permanecer firmes desde la Procuraduría en el proceso para que se declare la quiebra fraudulenta. Luego la sindicatura deberá proceder a enajenar los bienes y se garantice al Estado la recuperación de sus recursos”, sentenció.