Creo que a ningún compatriota mínimamente informado le cabe ya duda alguna acerca de que Horacio Cartes nos viene mintiendo desde que planeó entrar a la arena política.
Nos viene mintiendo en todo, desde que no tiene ya interés en negocios particulares hasta que vino para hacer bien las cosas; no hay campo alguno en el que no mienta, lo que se prueba fácilmente con la evolución de sus afirmaciones sobre la reelección presidencial, sobre la que ha obligado a sus numerosos subordinados a caer en contradicciones ridículas o en confesiones patéticas como la de Lilian Samaniego asumiendo que actúa por mero oportunismo.
La peor mentira de Cartes es la de que el suyo es el Gobierno de la transparencia: Ningún caso, ninguno, de los que involucra los negocios de sus socios con el Estado, ha sido adecuadamente publicitado, revisado, escrutado; en todos ellos se edificaron fachadas para violar las leyes que prohíben y castigan el conflicto de interés.
Cartes y su grupo se especializan en montar fachadas para hacer creer que es legal lo que es ilegal y desde el 15 de agosto de 2013 lo hace mal usando el poder presidencial.
El caso de la violación del artículo 60 de la Ley 1626 “De la Función Pública” por parte de todos sus ministros, de todos sus viceministros, secretarios, subsecretarios, directores y funcionarios de confianza presionando para la firma de planillas de supuesto apoyo popular al golpe de Estado en curso para imponer su reelección vía enmienda en oficinas públicas, muestra que Cartes es una amenaza inmediata y cierta a la vigencia del Estado de Derecho en nuestro país.
El hecho de que el Ministerio Público no tenga procesados al entorno empresarial y político de Cartes no significa que estén haciendo bien las cosas, sino que Javier Díaz Verón es cómplice, y nada más.
Un presidente que usa el Gobierno para alentar y apañar irregularidades y violaciones de la ley no puede seguir en funciones sin que su continuidad ponga en peligro las libertades y derechos que los paraguayos hemos sostenido trabajosamente desde el 3 de febrero de 1989.
En síntesis, Horacio Manuel Cartes Jara se halla plenamente incurso en las causales de destitución establecidas en el artículo 225 de nuestra Constitución, el más importante instrumento de control constitucional y defensa ciudadana que tenemos los paraguayos contra personas inescrupulosas que usan la presidencia de nuestra República para dañarla.
El solo hecho de que el Gobierno real de nuestra República se realice desde la fundación Ñande Paraguay, donde personas a las que nadie eligió como Sarah Cartes, José Ortiz, Francisco Barriocanal, Osvaldo Salum y Juan Carlos López Moreira den órdenes a ministros, directores, diputados y senadores es causal de destitución de Cartes, aunque los legisladores Hugo Velázquez, Clemente Barrios, Juan Darío Monges y Gustavo Alfonso sean cómplices de ese Gobierno paralelo e inconstitucional que nos rige.
La disyuntiva que tenemos los paraguayos es simple y grave, o destituimos a Cartes o Cartes convierte al Paraguay en una dependencia más de su grupo. Cartes tiene infinito dinero aplicado a su deleznable propósito y tiene abyectos como Blas Llano y Fernando Lugo trabajando para él. Es hora de saber si ese conjunto de inescrupulosos puede más que el pueblo paraguayo.