El Gobierno electo buscará acabar con enfrentamientos entre la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) y los contribuyentes del impuesto a la renta personal (IRP) por el régimen de la deducibilidad.
Hasta el momento, 325 contadores y 65 empresarios han accionado judicialmente contra las modificaciones reglamentarias introducidas a la aplicación del gravamen por la administración actual.
Al respecto, el futuro ministro de Hacienda, Benigno López, señaló ayer que están trabajando en una salida armónica al conflicto, por lo que buscarán idear una reglamentación clara que no permita dudas en la interpretación.
A su criterio, no es prudente que el Poder Judicial sea la entidad que resuelva las diferencias actuales e insistió en la necesidad de un mejor relacionamiento con los aportantes, quienes son, finalmente, los que sostienen al Estado.
“Somos conscientes de la situación conflictiva y debemos trabajar con reglas claras para que no haya más interpretaciones diferentes”, expresó López.
Antecedentes. El enfrentamiento entre los contribuyentes del IRP y la SET data de fines del año 2016, cuando el Poder Ejecutivo emitió el Decreto 6560.
Esta normativa modificó el sistema de aplicación del IRP, limitando, principalmente, las deducciones admitidas y el arrastre de las pérdidas fiscales, los que eran ampliamente permitidos desde el inicio del régimen.
Posteriormente, a mediados del 2017, la SET emplazó a unos 12.000 contribuyentes a rectificar sus declaraciones juradas por supuestos abusos en las deducciones, lo que derivó en masivos reclamos. Es así que, a inicios de este año, gremios empresariales y el Fisco resolvieron crear una mesa de diálogo, en la cual se acordó la postergación de los vencimientos de pago hasta julio, pero no se pudo llegar a un consenso sobre el régimen de las deducciones.
Finalmente, tras el fracaso en el diálogo, unos 325 contadores y 65 empresarios acudieron a la Justicia en estas últimas semanas pidiendo la nulidad de las modificaciones reglamentarias establecidas por el Ejecutivo.
Las normativas atacadas de atentar contra la Carta Magna por los accionantes son cuatro: los decretos 6560/16 y 6910/17 del Poder Ejecutivo, y las resoluciones 104/16 y 121/17 de la SET. Los empresarios pidieron incluso una medida cautelar de urgencia para suspender los efectos de estas normativas mientras dure el juicio.
La abogada patrocinante de los contadores, Nora Ruoti, explicó que estas disposiciones, pese a ser de menor jerarquía, contradicen lo fijado en la Ley del IRP, en violación al artículo 137 de la Carta Magna.