Elías Cabral | Canindeyú
Los denunciantes fueron los ex concejales Javier Rivas Alonso, Arnildo Vergara Ramírez, Arsenio Erico Gómez Mereles, Ignacio Sergio Rivas y Diego Terrazas, quienes fueron convocados a declarar ante el Ministerio Público a partir del viernes pasado, en tanto que el intendente Brítez lo deberá hacer el próximo 26 de enero del corriente año.
Se trata de la causa Nº 117/2014 “Ministerio Público contra Julio César Brítez Villagra”, sobre supuesto hecho punible de transgresión a la ley Nº 2 523/04, que previene, tipifica y sanciona el enriquecimiento ilícito en la función pública y el tráfico de influencia.
La denuncia se basa principalmente en la irregular licitación del Desagüe Pluvial Urbano vía excepción, obra que fue costeada con fondos provenientes de Itaipú (G. 1.830 millones) y adjudicada a la empresa Kumanda Kái, que según los denunciantes sería su propia empresa pero a nombre de un presunto testaferro, identificado como Milton Ramón Alfonso, cuñado del actual presidente de la Junta Municipal, Tomás Ocampos, aliado de Julio César Brítez.
Hablan también de que todas las construcciones que fueron realizadas en el 2013 y 2014, encaradas por la Municipalidad de Katueté con recursos del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide), fueron adjudicadas a Kumanda Kái.
Denuncian también que se apropió de un terreno de dos hectáreas y media del barrio Pacobá, anexado a través de una resolución judicial a las 36 hectáreas que había comprado de la Congregación Evangélica Río de la Plata por medio de una mensura judicial.
Además, el fiscal Julio César Yegros investigará los más de 300 terrenos que estarían a nombre del intendente, aparte de la loteadora Che Rogará, por la cual canaliza las transacciones de los inmuebles.