Sin embargo, hasta la fecha, de las 360 instituciones a las que se les pidió los datos, solamente 90 respondieron, quedando de esta manera 270 pendientes.
La intención del legislador es conocer la cantidad de personal de blanco que son funcionarios en entidades que nada tienen que ver con cuestiones de salud, pero mantienen gran cantidad de personal de blanco que no cuentan con las herramientas necesarias ni el espacio físico para cumplir las funciones que su profesión requiere.
Asimismo, se solicitó informes sobre las remuneraciones que percibe cada uno de ellos, tanto nombrados como contratados en concepto de remuneraciones básicas, remuneraciones temporales y asignaciones complementarias, con el detalle por objeto de gasto y monto.
De las 90 instituciones que remitieron sus respectivas respuestas, se puede constatar que existen 883 personal de blanco distribuidos en los distintos entes.
Entre los ministerios que más funcionarios de blanco tienen y que están realizando otras funciones, se encuentra el de Obras Públicas y Comunicaciones con 27 personales de blanco, el de Desarrollo Social con 41; el de Urbanismo Vivienda y Habitat con 20 y el de Agricultura y Ganadería con 28.
Cabe mencionar que la mayoría de las instituciones públicas cuentan con sus minihospitales propios, aun cuando los funcionarios cuentan con seguros médicos privados.
SIN CONTESTAR. Entre las instituciones que hasta el momento no remitieron su informe se encuentra el Tribunal Superior de Justicia Electoral, el Ministerio Público, el Consejo de la Magistratura, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, el Ministerio de la Defensa Pública y la Sindicatura General de Quiebras.
Asimismo, ninguna de las universidades públicas, once departamentos y más de 200 municipios respondieron al pedido.
El objetivo de contar con los datos es presentar un proyecto similar al realizado con el personal de blanco de la Cámara de Diputados, que pasaron a depender directamente del Ministerio de Salud y de esa manera quedó desmantelada la miniclinica que funcionaba en la sede parlamentaria con unos 29 funcionarios, entre médicos, odontólogos, nutricionistas, enfermeras y sicólogos.
Los entes estatales están obligados a responder las solicitudes de informes remitidas tanto de la Cámara de Diputados como del Senado.