Adriano Dirlei Riediger, a través de su defensor, el abogado Favio Ramos Villasboa, solicitó la revocación de la prisión que le otorgaron, alegando que no existen suficientes elementos en su contra que sostengan la certeza de que él fue uno de los cinco autores de un atraco ocurrido en febrero de este año.
El hecho ocurrió el 10 de febrero, a las 03:00, en el interior de la empresa Che Uru SRL, ubicada en la compañía Mangrullo, de Paso Yobái, Guairá. En ese entonces, cinco personas a punta de arma de fuego intimaron al gerente y el encargado de la planta a que entreguen la suma de G. 45 millones de la firma, además del oro que faltaba procesar.
El abogado Favio Ramos dijo que lógicamente el hecho existió, pero lo que no existe es prueba alguna contra Adriano, afectando un bien jurídico de jerarquía constitucional, sobre todo que un fiscal se preste a promover una imputación sin ninguna prueba. “La única prueba es un parte policial en que observaron un circuito cerrado describiendo a mi cliente como una persona alta y delgada, que no tiene nada que ver con Adriano, que es de estatura baja y robusta”, indicó.
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Acotó que en su trayectoria de 40 años nunca pudo verificar tanta injusticia, arbitrariedad y cómo se viola la Constitución Nacional, los pactos internacionales, como también las leyes de la nación, para mantener privado de libertad a un ciudadano brasileño.
“Uno de los policías que observó la filmación, el uniformado Adilson Villarreo, que compareció ante la fiscalía, dijo que en ningún momento le atribuyó una incriminación hacia su cliente y que tampoco firmó un parte policial sobre el punto. El parte policial quedó desvirtuado y no se puede seguir teniendo en cuenta para privar de libertad a una persona”, agregó el letrado.
Hasta la fecha se realizaron 22 audiencias testificales y hasta el momento ninguno nombró a Adriano, según Ramos, quien varias veces planteó la revisión de la medida y la respuesta fue el silencio. Recurrieron a la Cámara de Apelación y tampoco obtuvieron una respuesta favorable.
A más de seis meses de la investigación, aún no obtuvieron una respuesta, por lo que esperan que los jueces reorienten el caso y se rectifique el procedimiento mal hecho y emitir una resolución ajustada a la ley, agregó el abogado.
La jueza Marcela Mallorquín había dictado el arresto para el hombre, a pedido del fiscal Martín Escalada, cuya prisión fue ratificada por el juez Marcelo Ramírez.