Cabaña está investigado por el operativo Berilo, donde se incautaron de más de 21 kilos de cocaína, 27 vehículos, más de USD 800.000, armas y varias propiedades, a nombre de él, a quien se le tiene como cabeza de un grupo dedicado al narcotráfico y al lavado de dinero, entre otros delitos.
Según el fiscal, la resolución de la Cámara obliga que se aplique el artículo 139 y la jueza señale el plazo de 10 días, pero que eso no se puede hacer porque la intervención de ella no está firme y si llega a cumplir con esa resolución, estaría generando actos inválidos.
“La resolución del Tribunal no está firme y por lo tanto no se puede hablar de ejecutoriedad”, aseguró.
Para el Ministerio Público, la acusación y el ofrecimiento de pruebas se dieron de manera correcta y, la no entrega de evidencias, no tiene de por sí una sanción de nulidad como se pretende, justamente porque en todo tiempo las partes tuvieron acceso a las evidencias, enfatizó.
PLAZO DE ENTREGA. El representante de la Fiscalía explicó que el plazo para entregar (las pruebas) es judicial y ese plazo no lo fija el Ministerio Público, sino que lo hace el juez de Primera Instancia.
“El plazo para la emisión física (entrega de evidencias) es diferente a la acusación, que es un plazo judicial que tiene que ver ya con la agenda del Poder Judicial”, aseguró, y refirió que el mismo Tribunal reconoce siempre ese tiempo, pero que esta vez no actuó en base a eso.
Mencionó que hay muchos acusados, parlamentarios, jefes de organización criminal. “En una causa compleja de crimen organizado, donde hay integrantes de organización criminal, narcotraficante, de lavador de dinero, no se puede hacer esa entrega en el mismo momento (acusación y remisión de evidencias)”.
Por último, concluyó con que la Fiscalía tiene todas las evidencias para que se continúe con la investigación del caso, en donde hay 28 acusados, entre ellos Cabaña y el diputado colorado Ulises Quintana.
Abogado presenta disconformidad
Por otra parte, el abogado de Reinaldo Cucho Cabaña, Pedro Marinoni, afirmó que “lastimosamente cuando presenta el Ministerio Público una acción de este tipo es por la supuesta violación de sus derechos y si la defensa plantea es por chicaneros”.
Dijo que esa acción la Corte debe rechazar in límine.
Negligencia. “Tratan de justificar la negligencia de ellos al presentar mal la acusación y las pruebas y evidencias fuera del plazo previsto. Los plazos legales y judiciales son perentorios e improrrogables y la ley se cumple y no se discute”, sentenció.
La defensa de Cabaña solicitó la apelación de la prórroga concedida por la jueza Pedrozo, en el caso referido.