Además de ella, el fiscal Osmar Legal imputó al abogado Marcos Aurelio Velazco y a dos asistentes fiscales: Christi Magaló Ortega y Griselda Beatriz Acha –para esta última solo se amplió porque ya estaba procesada por cohecho–.
Esta causa había saltado el 16 de febrero de este año, cuando una comitiva allanó la sede fiscal de San Lorenzo, ya que un denunciante, Alcides Hermosilla, dijo que le pidieron dinero para dar una solución a su hijo procesado.
En esa ocasión quedaron detenidas e imputadas las abogadas Liz Helena Martínez Robles y Nélida Vicenta Alcaraz Bogarín, por tráfico de influencias. A la par, ya procesaron a la asistente Griselda Acha, por cohecho (coima).
Según la imputación, las reuniones entre ellas y el denunciante se hicieron en la propia sede fiscal, “con la venia de la fiscala”. En los encuentros habrían pedido dinero y acordado cómo iban a llevar a cabo el plan.
EL PLAN. La fiscala Ana Girala tiene a su cargo la investigación contra Richard Hermosilla (hijo del denunciante) y Derlis García, acusados por tentativa de homicidio doloso y producción de riesgos comunes. Ambos tenían fecha de preliminar el pasado 20 de febrero y ahí iba a plantear un procedimiento abreviado.
Fue entonces que el 7 de febrero –siempre según la imputación–, la fiscala puso en marcha su plan para obtener “entre G. 10 y G. 25 millones. El plan era el de beneficiar con salidas”, y requería que la abogada Martínez represente a ambos acusados por tentativa de homicidio.
Fue supuestamente la misma fiscala la que indicó a su asistente que contacte con el papá del acusado.
Entre las pruebas de la imputación están mensajes y grabaciones de audios de WhatsApp, donde le iba dando instrucciones a su asistente.
“... no te olvides de decirle a Liz, pero por llamada, nada de mensajes de textos, ni de WhatsApp, ni nada por el estilo, porque ella no sabes donde deja su teléfono, lo de Derlis y del otro... porque una misma defensa tiene que ser para los dos para que pueda tener una salida, o si no, no me conviene”, habría dicho la fiscala Girala.
Luego de eso, las abogadas imputadas se pusieron en contacto con el padre de Richard y le propusieron llegar a un acuerdo para “solucionar” el caso de su hijo.
El fiscal Osmar Legal dijo que habría unas 4 a 5 causas donde habrían obrado de la misma manera y que eso se estará investigando. Según el fiscal, se pedía “termos”, o mesas de lapacho “para equipar el quincho”.
También entra en la causa el abogado Marcos Aurelio, quien “habría tomado intervención en varias causas penales a cargo de la fiscala Ana Girala”. Este habría ofrecido y otorgado beneficios en dinero y en objetos de valor para las asistentes y la fiscala.
El juez José Agustín Delmás fijó fecha para la imposición de medidas para el abogado Velazco y la asistente Ortega, para el 9 de marzo. Con relación a la fiscala, esta debe ser desaforada. Se libró oficio a la Corte y a la Fiscalía, así como las compulsas al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.
NIEGA LOS HECHOS. La fiscala Ana Girala, por su parte, negó los hechos y dijo estar sorprendida por la imputación, ya que el fiscal nunca le recibió ni le llamó a una indagatoria, pese a que se puso a disposición.
“A las 7 de la mañana llegaron las pericias y a las 09:00 ya estaba arriba la imputación. Evidentemente no analizó los mensajes. Acá hay algo personal”, explicó Girala.
Mencionó que este proceso le deja un grave perjuicio y que se va a defender. “A la gente que hace bien su trabajo siempre se le persigue”, sostuvo.
Explicó, por otro lado, que sí conoce a los abogados, también imputados, pero supuestamente porque llevan varias causas de distintos procesados en San Lorenzo.
Supuestamente, Ana Girala daba las instrucciones sobre cómo contactar a un familiar del procesado y proponerle hacer la negociación. Ahora hasta el abogado del caso está involucrado.