Fue justamente la primera ley de la era democrática, con la que el país intentaba simbólicamente ponerse al día tras varias décadas de gobierno dictatorial, comprometiéndose con las demás naciones en establecer “un régimen de libertad personal y de justicia social, fundado en el respeto de los derechos esenciales del hombre”, tal como describe el documento. A ello siguieron varios otros tratados y convenios internacionales que los sucesivos gobiernos han suscrito para integrar a nuestro país en el concierto de las naciones, comprometiéndose a cumplirlos.
Sin embargo, en tres décadas de sistema democrático, el Paraguay ha recibido diversas sanciones por no respetar debidamente lo acordado. Entre las condenas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se cuenta la del caso Ricardo Canese (por parcialismo de la Justicia local en favor del ex presidente Juan Carlos Wamosy, en un caso de difamación e injuria); otra por despojo de tierras ancestrales de indígenas, ordenando la restitución a las comunidades Yakye Axa, Sawhoyamaxa y Xákmok Kásek, en el Chaco paraguayo; otra por la no investigación sobre la desaparición del médico Agustín Goiburú y otras víctimas durante la dictadura; otra por la inhumana situación de menores de edad encarcelados que acabó en el incendio y muertes en el correccional Panchito López; otra por muertes sin investigar de jóvenes durante el servicio militar obligatorio, y más recientemente, el reconocimiento de responsabilidad del Estado de no haber investigado y sancionado el asesinato del periodista Santiago Leguizamón.
En otro plano, hay que agregar que, en 2009, el Paraguay fue agregado a la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafilat), por no cooperar en el control del lavado de dinero, con un grave impacto sobre la economía, al limitar la posibilidad de créditos y otras acciones. Actualmente el país se encuentra en proceso de examen para saber si no vuelve al grupo bajo sanción.
Estas violaciones a lo establecido en los tratados y las convenciones no solo cuestan mucho dinero, sino por sobre todo dan la imagen de un Estado jurídicamente poco serio, en donde la Justicia y los mecanismos democráticos no funcionan adecuadamente, no hay garantías de protección a los derechos ciudadanos, desalentando posibilidades de buena inversión y desarrollo.
Las irregularidades cometidas en el reciente operativo contra el EPP en Yby Yaú, en el que resultaron muertas dos niñas de 11 años de edad, con groseras omisiones de lo establecido en el Protocolo de Minessota y en otros instrumentos en cuanto a cómo proceder en situaciones de conflictos y realizar investigaciones judiciales y manejar pruebas forenses, nuevamente expone a nuestro país a posibles procesos por violación de derechos humanos. Es hora de proceder con más legalidad y transparencia, de lo contrario se acaba validando a los delincuentes.