Escrachador habla de imputación selectiva

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El empresario gastronómico Juan Galeano Grassi, fue imputado por el fiscal Juan Carlos Ruiz Díaz por supuesta violación de las medidas sanitarias impuestas por el gobierno para la lucha contra la expansión del Covid-19.

El hombre fue uno de los organizadores de la caravana ciudadana para protestar contra la corrupción en la compra de insumos para la lucha contra el Covid.

El fiscal Ruíz alega que el empresario junto a otras 100 personas, luego de realizar la caravana se reunieron frente al Panteón de los Héroes, “incumpliendo el protocolo de bioseguridad impuesto por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social”.

La caravana y posterior manifestación frente al emblemático lugar del centro de Asunción, se realizó el pasado 3 de junio.

“Se trata de una medida arbitraria, selectiva y direccionada. No sucedió ninguna aglomeración; con esto buscan silenciar las voces que protestan”, dijo agregando que la Justicia no actúa con la misma celeridad en otros casos.

En este sentido mencionó a Patricia Ferreira, titular de Imedic SA, que está bajo la lupa de las autoridades por supuestas compras irregulares, y, que en su opinión, sigue dilatando su proceso desde la clandestinidad.

Por este caso también fue imputada María Esther Roa, líder de la Comisión Escrache.

Por otro lado, la Policía detuvo, el pasado martes a Arturo Páez Barreto, un hombre que vino de Ciudad del Este para manifestarse frente al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, que trataba el caso de un tribunal de apelación que liberó a un condenado por abuso sexual de niños.

El manifestante fue detenido horas después frente a la casa de la ministra de la Corte Gladys Bareiro. Fue imputado por perturbación a la paz pública, resistencia y por violar la cuarentena.

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