El deterioro de la calidad de la enseñanza terciaria ha ido en aumento constante en las últimas dos décadas. La proliferación de universidades que solo reparten títulos, sin proporcionar a sus alumnos los conocimientos sólidos que les han de permitir desempeñarse con solvencia en la vida profesional, es una de las caras más lamentables de esa dolorosa realidad.
Sin una institución con autoridad de control para poner freno a los desbordes, las normas se relajaron y dejaron que la corrupción se filtrara incluso en los resquicios menos sospechados.
Es lo que ha ocurrido en la carrera de Derecho de la UCA. Una mínima rosca de funcionarios desleales encontró en el fraude la manera de obtener clientela entre estudiantes sin principios éticos, dispuestos a pagar por una nota. Para ese pequeño grupo de alumnos, la compra de calificaciones sustituía la obligación de prepararse adecuadamente para los exámenes.
La ausencia de un sistema de riguroso control, que asegurara que las calificaciones de los profesores eran las que efectivamente llevaban los examinados, alentó a los que alguna vez transpusieron el límite de lo correcto para atrapar a más estudiantes dispuestos a aprobar materias sin someterse a esfuerzo alguno.
Ese talón de Aquiles de la UCA es el que ahora golpea con fuerza a la institución de la Iglesia paraguaya. Aunque claramente el episodio no afecta directamente a las demás carreras de la capital y del interior, es indudable que una situación de esta naturaleza devalúa en conjunto su credibilidad.
El hecho de que al descubrir el fraude sus autoridades hayan designado un comité interventor, del que forman parte connotadas personalidades, atenúa el impacto negativo de lo ocurrido, pero no podrá borrar ya el estigma institucional que hereda a raíz de la conducta indecorosa de un grupo de funcionarios y estudiantes rendidos ante la tentación del dinero.
Las constataciones de los investigadores han sido de suficiente peso como para que ameritaran el pedido de participación de una fiscala para corroborar los hallazgos y trasladar el caso a instancias judiciales. Si el proceso acaba en impunidad, todo habrá sido en vano.
La imputación de una treintena de estudiantes y tres funcionarios –hasta ahora, porque la Facultad considera que hay otros tres posibles implicados– muestra la decidida voluntad de llegar al fondo de la espinosa situación.
Los que siguen de cerca el caso se preguntan, a partir de las informaciones que van apareciendo, si en una carrera de la UCA se producen documentos no auténticos para favorecer a futuros profesionales del Derecho, qué irregularidades no han de ocurrir en instituciones que ponen el lucro por encima de la responsabilidad social.
El Consejo Nacional de Educación Superior, que empezó a dar tímidas señales de vida, debe tomar nota de lo que ocurre en la UCA para acelerar el proceso de control general de las universidades que la ley le encomienda.