“El contralor tiene la misma inmunidad de los magistrados, por lo que se tiene que pedir el desafuero primeramente para iniciar un proceso contra él”, expresó la fiscala. Explicó que si esto ocurre, el contralor puede tener una pena de hasta 8 años de cárcel por lesión de confianza.
En la intervención, se incautaron varios documentos, videos del circuito cerrado y computadoras para proseguir con las investigaciones del caso de la secretaria de oro. La misma puede ser privada de su libertad con una pena de 10 años por enriquecimiento ilícito. Además se enfrenta a la Justicia por cobro indebido de honorarios y tráfico de influencia y próximamente será llamada a declarar, manifestó Acuña.
En cuanto a la devolución del cobro indebido de honorarios, la agente del Ministerio Público enfatizó que “el proceso legal implica que la señorita Duarte pueda tener una pena privativa de libertad y que se le decomise los bienes, que implica la devolución de lo cobrado indebidamente”, explicó.
Mencionó que la determinación judicial llevará su tiempo y que ahora seguirán con las investigaciones. El contralor recibió en su oficina a la fiscala Acuña, pero no así a los representantes de la prensa, que se conglomeraron ayer en dicha institución estatal en búsqueda de respuestas.