Desde el entorno del presidente Mario Abdo Benítez señalaron que tras la destitución de Sandra McLeod del municipio de Ciudad del Este y la aprobación del pedido de desafuero del senador Javier Zacarías Irún, se fortalece el proceso institucional.
El jefe de Gabinete y secretario general de la presidencia de la República, Julio Ullón, destacó que ahora la Justicia debe hacer su parte e investigar todos los posibles hechos punibles que pesan contra la pareja que manejó el poder en Ciudad del Este.
”La actuación del Congreso en los casos de la intervención y destitución de la intendenta Sandra McLeod del Municipio de Ciudad del Este y la aprobación del pedido de desafuero al senador Zacarías Irún fortalece la institucionalidad de la República”, significó Ullón.
El jefe de Gabinete señaló que el Gobierno de Abdo Benítez fue claro desde el principio en que no apañará posibles hechos de corrupción.
“En varias ocasiones ha manifestado que caiga quien caiga, él no va obstaculizar la labor de la justicia y esto lo han comprendido los legisladores de Colorado Añetete que han acompañado todo este proceso”, apuntó.
Aseveró que hoy es fundamental que cada actor político comprenda que la ciudadanía reclama transparencia en la gestión y en su actuación en la vida pública.
La Cámara de Diputados resolvió destituir a Sandra McLeod, cuya gestión está bajo la lupa de la Justicia, ante la serie de denuncias realizadas en el manejo de los recursos de la Municipalidad.
Al respecto, Ullón mencionó que la Junta Municipal debe elegir un nuevo intendente interino respetando el artículo 10 de la Ley 317. En caso de que no se logre encauzar la vía institucional del municipio, la Cámara de Diputados tendrá que designar un funcionario que interine el cargo hasta que asuma el intendente electo.
Además, por unanimidad la Cámara de Senadores aprobó el pedido de desafuero de Zacarías Irún quien fue imputado por la Fiscalía por declaración jurada falsa. Uno de los cuestionamientos es que el legislador no declaraba correctamente información del impuesto a la renta personal. La investigación está a cargo de los fiscales René Fernández, Josefina Aghemo y Luis Said.