No deberían haber estado allí, dicen. Claro que no. Más allá de que hayan tenido armas o uniformes, de que hayan disparado realmente o solo fueran objetos de un montaje, de que fueran niñas-soldadas de la organización o solo hayan llegado de visita junto a sus familiares en la clandestinidad, no deberían haber estado allí.
Hay una clara irresponsabilidad criminal de los miembros del EPP, que ya acumulan otros casos de niños, niñas y adolescentes reclutados para sus acciones violentas, pero también hay principalmente una mayor responsabilidad del Estado, comprometido constitucionalmente y por convenios internacionales a proteger, cuidar y rescatar a los niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo, pero en cambio aparece como el causante de las trágicas muertes.
No sabemos todavía qué y cómo sucedió. En una guerra o conflicto armado, la primera víctima es casi siempre la verdad. Solo sabemos que utilizaron sus muertes como propaganda política desde el Gobierno, pero las posteriores revelaciones que contradicen a la versión oficial convirtieron el “exitoso operativo” contra el grupo armado criminal en un posible caso de abuso de fuerza estatal y en un nuevo escándalo político internacional. También sabemos que sectores críticos u opositores buscan usar este caso como contra-propaganda política para golpear al Gobierno.
Poco a poco van surgiendo indicios sesgados que permiten reconstruir sus desgarradas historias. Podrían haber nacido allí, en la clandestinidad del monte, hijas de los principales líderes de la controvertida organización armada. Podrían haber sido llevadas a la Argentina para crecer junto con la abuela y anotadas como hijas por sus tías, buscando darles la identidad y el resguardo documental que la situación de prófugos de sus verdaderos padres no les permitía. Si fuese así, hay que recordar la Convención de 1954 sobre el Estatuto de los Apátridas de la Acnur, en donde se establece que, si un niño no es reconocido como nacional en un país, el país de residencia debe otorgarle la nacionalidad. Es decir, si estas niñas nacieron en el Paraguay, pero no pueden ser inscriptas acá debido a la situación de persecución de sus padres, tienen derecho a ser inscriptas en otro país.
La opinión pública está divida con respecto a lo ocurrido. En lo personal, me duelen las víctimas, sean del bando que sean. La muerte no tiene ideología, no es de derecha ni es de izquierda. Siento gran pena y compasión por Cecilia Cubas, hallada asesinada en 2005 tras un sonado secuestro del EPP, como la siento por Agustín Ledesma, el joven campesino sordomudo de Arroyito, muerto en mayo de 2012 tras un ataque de la FTC, y por todas las demás víctimas.
Estas dos niñas no deberían haber estado en el monte, pero estaban. La pregunta es, qué estamos haciendo para que nuestros niños, niñas y tanta otra gente dejen de seguir muriendo tan trágicamente.