La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) inició una investigación sobre los 295 contratos que ganó la superproveedora implicada en el esquema de facturas falsas detectado hace una semana. Se trata de consultora San Miguel, propiedad de un octogenario de nombre Cristino Jara, que habría facturado G. 57.000 millones (USD 8,3 millones) a 17 municipios y 1 gobernación.
La entidad reguladora de las compras públicas fue un poco más atrás en el tiempo que la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) y analiza las licitaciones adjudicadas a esta empresa entre 2014 y 2021, lo que hace que estén bajo la lupa otras 12 instituciones, además de las ya denunciadas días atrás.
En ese sentido, el documento al que accedió ÚH indica que se está indagando acerca de las licitaciones adjudicadas por municipios como Lambaré, Caapucú, Capitán Bado y Paraguarí; otro ente descentralizado, el Instituto de Previsión Social (IPS); y hasta una entidad centralizada, Senatur.
Estos nuevos contratos investigados suman G. 3.027 millones, correspondientes a llamados para construcciones, servicios de limpieza y mantenimientos, entre otros (ver la infografía).
Un informe divulgado días atrás también por la DNCP había revelado fuertes indicios de direccionamiento de las licitaciones en 6 municipios: Capitán Bado, General Patricio Escobar, Jesús de Tavarangüé, Mbocayaty del Yhaguy, San Roque González y Tebicuarymí.
El reporte señala que la superproveedora en cuestión fue adjudicada 89 veces, concentrando entre el 52% y hasta el 100% de las licitaciones anuales que se hicieron entre 2015 y 2020. Lo llamativo del caso es que, de los 89 procesos licitatorios en los que resultó adjudicada, en 81 no tuvo competencia; es decir, fue la única oferente.
EL CASO. La SET denunció la semana pasada ante la Fiscalía los resultados del operativo Facturación 2, donde se detectó un nuevo esquema de utilización de facturas falsas por USD 25 millones. De ese total, USD 8,3 millones involucran a 17 municipios y 1 gobernación.
El caso afecta a 1 superproveedor, consultora San Miguel; 16 otras grandes empresas y 100 pequeñas compañías.
Los municipios afectados por este operativo son: San Roque González, Ypacaraí, Mbuyapey, General Patricio Escobar, Mbocayaty Del Yhaguy, Yaguarón, Villeta, Tebicuarymí, Santa Rosa (Misiones), San Alberto, Pirayú, Juan De Mena, Jesús de Tavarangüé, Guarambaré, Itauguá, Isla Pucú y Fernando de la Mora.
Por su parte, la gobernación implicada es de Cordillera.
Limpiavidrios, albañiles y docentes están implicados
En este operativo, denominado Facturación 2, llaman la atención las particularidades que fue descubriendo la SET.
Además del caso del octogenario, ex chofer de colectivos, quien habría sido el principal accionista de la superproveedora, se detectó que un limpiavidrios y varios docentes habrían facturado casi USD 4 millones como subcontratados de las municipalidades.
Otro caso involucra a un albañil, quien habría emitido facturas por USD 7 millones, pero el mismo niega ese hecho y denunció que operadores políticos del Partido Colorado utilizaron su nombre para crear una empresa fantasma. Incluso, ya denunció este hecho ante la Fiscalía.