El proyecto, que lleva las firmas de Basilio Núñez, Tadeo Rojas y Rocío Vallejo, tuvo 56 votos a favor y 3 en contra.
Tadeo Rojas señaló que los recursos serán utilizados para la creación de 49 unidades fiscales que permitirán el fortalecimiento de las unidades especializadas en delitos económicos, delitos contra la corrupción, contra el narcotráfico, de lucha contra el abuso sexual en niños y niñas, etc.
Citó, además, que serían habilitadas unidades penales en ciudades como Mayor Otaño, Encarnación, San Pedro del Ycuamandyyú, San Lorenzo, Capiatá, Luque, entre otras.
Por último, habló de destinar recursos para gastos de funcionamiento y capital, contratación de médicos forenses, sicólogos, trabajadores sociales, peritos, choferes, etc., y la adquisición de detectores de metales, escáneres, equipos de laboratorio para ADN, microscopio comparador, discos duros para pericia forense, unidades móviles con su respectivo combustible, pago de servicio de energía eléctrica, y pago de alquileres en ciudades de todo el país.
Rojas detalló que el proyecto original incluía un incremento salarial para funcionarios del Ministerio Público, pero eso fue testado.
Al proyecto se opusieron Celeste Amarilla, Kattya González y Eri Valdez. Fernando Oreggioni votó en blanco.
Celeste Amarilla dijo que “no es la plata para combatir al crimen organizado”. Afirmó que cada vez que un acontecimiento de gran magnitud sacude al país, se termina con pedidos de aumento, refiriéndose al asesinato del fiscal Marcelo Pecci. Dijo que el mayor porcentaje va a ir para sueldos. “¿Tienen que ganar más porque se murió el fiscal Pecci?”, se preguntó y alegó que su asesinato se debió a la falta de protección que no le dio la Fiscalía.
“Tuvo que ser asesinado un fiscal para que tomemos la decisión de ampliar el presupuesto”, manifestó, por su parte, Basilio Núñez.
Édgar Ortiz llamó a la Fiscalía como la cenicienta de las instituciones para señalar su voto a favor.
Fernando Oreggioni, por su parte, dijo que hace 6 años está abandonada la construcción de la sede de la Fiscalía en Encarnación. Se ha solicitado un informe a la fiscala general Sandra Quiñónez y hasta el momento no respondió.
“Hay una falta de gestión para cuidar el patrimonio público. La edificación está paralizada y se está deteriorando. Parece que es más fácil pagar alquileres millonarios”, dijo.
Cristina Villalba acusó que cuatro fiscales del Ambiente de Ciudad del Este van hasta los agricultores de Canindeyú para extorsionarles, y a cambio llevan un maletín de dinero. Por lo tanto, espera que con la apertura de una sede en Katueté sea posible evitar este tipo de hechos.
Rocío Vallejo aclaró que el proyecto no estipula aumentos de salarios para funcionarios, sino que se crean cargos de nuevos agentes fiscales.
Destacó que se van a contratar técnicos sumamente necesarios.
Colym Soroka también argumentó a favor señalando casos de estafa a agricultores.
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millones de guaraníes fueron aprobados para ampliar el presupuesto de la Fiscalía con recursos de fuente 10