El senador liberal Dionisio Amarilla, denunciado por enriquecimiento ilícito y tráfico de influencia, además de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), en donde estuvo como administrador por 20 años, también tiene sus tentáculos en la Contraloría General de la República, institución en donde consiguió ubicar a varios de sus operadores políticos y familiares.
Los leales al legislador liberal se erigen como directores en áreas claves de control y le rinden pleitesía al citado senador dentro del ente, que precisamente dilata desde hace cinco meses la remisión de la declaración jurada del parlamentario al Ministerio Público, que solicitó la correspondencia de bienes del dirigente azul.
La influencia de Amarilla en el ente contralor es conocida, pues además de su esposa Analy Valiente, que ejerce el cargo de directora en la Dirección de Declaraciones Juradas, tiene otros familiares, amigos y operadores políticos dentro de la Contraloría a cargo de Enrique García.
Valiente es la que debe remitir a la Fiscalía los documentos solicitados, pero hasta la fecha no lo realiza. En la dirección a su cargo se tiene acceso a toda la información referente a los funcionarios públicos, incluidos los parlamentarios.
Valiente, al igual que el senador también fue funcionaria de la UNA, en donde se desempeñaba como jefa de departamento y también percibía un salario como docente. Cuando estalló el escándalo de corrupción en la casa de estudios en el 2016, dejó de percibir salario de docente, que era de G. 7.445.680. Amarilla le consiguió su traslado a la Contraloría.
Además de su esposa, en la misma dirección el legislador tiene otros aliados, como es el caso de Silvia Escobar, que cuenta con una jefatura; Modesto Sosa, con una dirección de área, y Guillermo Vera, como jefe de departamento, también en Declaraciones Juradas. Estos son operadores políticos de Amarilla, al igual que Leydi Cardozo, jefa de departamento.
El tío político de Amarilla, Jacinto Martínez, tío de Analy Valiente, es director de área en Asuntos Jurídicos con un salario de más de 12 millones de guaraníes e ingresó como la mayoría como funcionario de la Contraloría en el 2018.
MÁS OPERADORES. El legislador, al tener suficiente influencia con el contralor Enrique García, logró que varios de sus operadores políticos, principalmente del Departamento Central, sean contratados en la Contraloría; entre ellos se encuentran Lurdes Rivas, Anselmo Méndez, quien agradeció públicamente en sus redes sociales a Amarilla por conseguirle un lugar en la entidad.
Otra persona beneficiada es Mirian Talavera, pero que apenas consiguió su contrato fue comisionada a la Municipalidad de Villa Elisa. Griselda Ramírez, directora de Talento Humano, también está en el equipo de Amarilla.
Justamente en diciembre pasado, en un encuentro organizado por su primo y también funcionario del ente contralor, el director general de Rendiciones de Cuentas (Fonacide y royalties), Nicolás Arregui, Amarilla fue invitado para compartir con los funcionarios a quienes consiguió un lugar en la citada institución.
No solamente Amarilla utiliza como su PC a la Contraloría, sino que también sus principales aliados del llanismo cuentan con varios funcionarios leales en la institución.
El año pasado intentaron por todos los medios aprobar un millonario aumento presupuestario para el ente contralor, para la contratación de más funcionarios y el pago de bonificaciones y horas extras.
Sin embargo, el propio Ejecutivo vetó la iniciativa y posteriormente ya no dieron los tiempos para que el Senado trate el documento.
Investigación por enriquecimiento ilícito no prosigue
En julio del 2018, la Coordinadora de Abogados del Paraguay (Coapy) presentó una denuncia ante el Ministerio Público contra el senador liberal Dionisio Amarilla por enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias. Tras reiteradas solicitudes de urgimiento, debido a que la Fiscalía no iniciaba ninguna investigación, finalmente, en setiembre del mismo año se abrió una carpeta fiscal.
Sin embargo, hasta la fecha no se designó a un fiscal que se encargue del caso, por lo que la investigación quedó en la nada y todo indica que la denuncia sería desestimada, al igual que sucedió con otros políticos.La titular del Ministerio Público, Sandra Quiñónez, se excusa en que la Contraloría General de la República no remite la correspondencia de bienes de Amarilla y por ello no pueden continuar el proceso.