La Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac) decidió ayer, mediante resolución Nº 879/2018, autorizar la cancelación del llamado a licitación para el arrendamiento del estacionamiento del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi.
En el considerando, se especifica que dentro del comité de evaluación de ofertas hubo diferencia de criterio entre sus integrantes, entonces decidió dejar a consideración de la máxima autoridad la adjudicación del llamado a la empresa Bullers SA, conforme al porcentaje de canon ofertado del 71% más IVA sobre la facturación mensual bruta, más IVA. Además, conforme al monto de inversión ofertado de G. 5.462.349.096 IVA incluido, por el plazo de 36 meses.
El presidente de la Dinac, Luis Aguirre, firmó la resolución en la que se menciona también que la Unidad Operativa de Contrataciones realizará las gestiones administrativas correspondientes, de acuerdo a las disposiciones legales, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto.
Nuestra hoja intentó una comunicación con el funcionario, pero se excusó mencionando que estaba llegando al aeropuerto de Washington y no podía conversar.
Igualmente, el administrador del aeropuerto, Rubén Aguilar, dijo no tener muchos detalles sobre la decisión de dejar sin efecto el llamado a licitación.
CONTRALORÍA. La semana pasada, a la Contraloría General de la República (CGR) le había resultado llamativo el proceso que estaba realizando la Dinac para arrendar el estacionamiento del Silvio Pettirossi. El ente aeronáutico ya había cancelado en marzo un llamado y luego ya no le informó sobre uno nuevo.
La Contraloría General de la República (CGR), a través de su departamento de Comunicación, había dicho a ÚH que solicitaría a la Dinac todos los documentos referentes al concurso para arrendar el estacionamiento del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi. Con esos informes iniciará un estudio para saber si el procedimiento es regular.
El ex diputado José Chamorro es el propietario de Bullers y también lo fue de varias empresas, de diferentes rubros (limpieza, equipos informáticos, guardias de seguridad) en el pasado y tiene antecedentes de haber facturado al Estado hasta cerca de USD 30 millones en un solo ejercicio.
Las empresas vinculadas al ex diputado Chamorro, tales como Potî, fueron denunciadas por incumplimiento de leyes laborales.