La alianza del cartismo con la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, y el poder del legislador para dilatar su propio proceso por estafa y cobro indebido de honorarios por el caso conocido como caseros de oro son los temores de los denunciantes ante la posibilidad de que la acción que tomaron termine en la nada.
La denuncia fue radicada por lesión de confianza, estafa, declaración falsa, producción de documentos no auténticos y asociación criminal.
La presentación ya fue realizada el pasado 4 de junio, pero hasta ahora se pospone la asignación de un fiscal para la investigación. En tanto que igualmente existe el temor de que el caso sea trasladado a la circunscripción de Paraguarí, donde Rivas tiene conexiones, más aún si queda a cargo de la Fiscalía de Ybycuí, ya que uno de los denunciados es funcionario de esta institución.
Entre las causales de la denuncia se encuentran supuestas obras fantasmas, es decir, que figuran en la ejecución presupuestaria de la jefa comunal, pero que no se llevaron a cabo. El modo de operar, según se señala en el documento, es entregar sumas de dinero de los fondos municipales a distintas comisiones para ejecutar los proyectos, que finalmente no se llevan a cabo.
Los miembros de estas comisiones son funcionarios de Opaci, del Ministerio Público, municipales, judiciales y comisionados de la Cámara de Diputados.
Recientemente, Última Hora accedió a audios en los que se escucha al diputado cartista hablar de acuerdos con concejales municipales para la aprobación de la ejecución presupuestaria de la intendenta, luego de que algunos ediles rechazaran el balance por falta de documentos respaldatorios. En una de las conversaciones, Rivas anunciaba que iba a renunciar a su banca, apretado por el caso que afronta, y que su esposa asumiría en su reemplazo, como diputada suplente.
Así también, una concejala del distrito, según se oye en uno de los audios, pide al diputado “algún documentito” para poder respaldar los gastos y poder “limpiar” la gestión de la intendenta.
DECLARACIÓN JURADA. Benítez lleva tres periodos consecutivos, desde el 2005, como intendenta de Ybycuí. Tras asumir por primera vez declaró un patrimonio de más de G. 400 millones.
En 2016, aumentó sus bienes a un total de G 1.210.000.000 debido a su actividad agropecuaria. Pero lo llamativo es que, dos años después, en 2018, se redujo a solo G. 625.000.000.
Entre las denuncias se detalla que la Municipalidad desembolsó fondos para obras que no existen, como un monolito; reparación de arcos y compra de redes para dos clubes, los cuales desmintieron haber recibido la asistencia; un empedrado, entre otros.
Cifras
1.210 millones de guaraníes fue el patrimonio declarado por Benítez en 2016; en 2018 se redujo a G. 625 millones.
2.203 millones de guaraníes fue lo declarado en el año 2013 por el actual diputado colorado Tomás Éver Rivas.