Los abogados Felino Amarilla y Jorge Rolón Luna solicitaron a la Fiscalía la declaración testifical del ex presidente de la República y actual presidente de la Asociación Nacional Republicana (ANR), , en calidad de denunciante, informó Liz Acosta, periodista de Última Hora.
Además, pidieron la declaración indagatoria de la ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) y ex fiscala, Liliana Alcaraz, considerando que, siguiendo la hipótesis fiscal, se desempeñaba como punto focal ante la Red de Recuperación de Archivos del Gafilat (RRAG) por parte del Ministerio Público, tiempo en el cual se habría divulgado, supuestamente, el pedido de informe de la Fiscalía de Panamá.
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Con relación a esta solicitud de diligencia, los abogados mencionaron que resulta importante traer a colación el informe que había solicitado el fiscal Aldo Cantero a la ministra de la Seprelad, Liliana Alcaraz, sobre los puntos de contacto de la RRAG en las distintas instituciones respectivas.
También señalaron que “a esta solicitud, Liliana Alcaraz respondió que el punto de contacto por parte del Ministerio Público, entre el mes de junio del 2021 y el mes de febrero del 2022, era la agente fiscal Josefina Aghemo. Sin embargo, en su declaración testimonial, el comisario Luis López señaló que en dicho periodo él se desempeñaba como punto de contacto por la Policía Nacional y la entonces agente fiscal Liliana Alcaraz por el Ministerio Público”.
Entre otros pedidos de los abogados a la Fiscalía, también se encuentra solicitar a la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio Público que remita copia de la renuncia al cargo como agente fiscal de Josefina Aghemo, así como la decisión relativa a la aceptación de la renuncia o, en su defecto, el trámite que se imprimió para efectivizarla.
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También pidieron la declaración testimonial de Josefina Aghemo, ex agente fiscal de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción.
Por último, requirieron el informe sobre el listado de la totalidad de las causas en las cuales intervino el fiscal Giovani Grissetti, desde que asumió como tal hasta la fecha, debiendo remitirse copias íntegras de las mismas.
“En virtud del artículo 54 del Código Procesal Penal, y el artículo 35 Numeral 2 de la Ley 1562/ 2000, así como las previsiones establecidas en los artículos 16 y 17 de la Constitución, solicitamos ser anoticiados de la realización de las diligencias propuestas, así como participar e intervenir en las declaraciones testimoniales requeridas, toda vez que hacen al ejercicio de los derechos de nuestros defendidos”, concluye el pedido.
Cartes denunció el 31 de julio del 2023 las supuestas filtraciones de informes de inteligencia de la Seprelad, incluyendo las conductas en los hechos punibles de denuncia falsa, simulación de hechos punibles, persecución de inocentes, asociación criminal y usurpación de funciones públicas.
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El ex mandatario sostuvo que se trató de una persecución política en su contra por parte del gobierno anterior, encabezado por Mario Abdo Benítez.
Según la Fiscalía, Abdo Benítez habría conformado una “organización delictiva” con el fin de filtrar informaciones de carácter confidencial de la Seprelad, para desacreditar políticamente al sector vinculado al ex presidente Horacio Cartes y el actual presidente de la República, Santiago Peña.