En realidad atacan una herramienta histórica de manifestación y que en la práctica ya fue objeto de duras represiones.
No nos dio el tiempo de celebrar el sobreseimiento de Aurora Lezcano, tras un injusto proceso judicial por exigir a las autoridades de la Universidad Católica la participación de estudiantes y docentes en las decisiones académicas en el marco de una movilización prolongada. En la misma semana intentan legitimar la criminalización de las manifestaciones.
Los principales proponentes de llevar a la cárcel hasta seis años a los manifestantes son los senadores Enrique Riera (ANR) y Fidel Zavala (PQ). El primero arrastra el repudio por su mala gestión como intendente de Asunción, pues durante su mandato hubo fallas en el control de los sistemas de prevención de incendios, que entre otras causas, derivaron en la muerte de casi 400 personas en el Ycuá Bolaños. Posteriormente trabajó como consultor y estuvo más alejado de la exposición pública, hasta que reapareció como ministro de Educación en el 2016 de la mano de Horacio Cartes y a partir del 2018 retornó al Congreso como senador.
Zavala, por su parte, proviene del sector privado, de una familia que habría accedido a durante la . Antes del proyecto socializado esta semana promovió la criminalización de las invasiones, conocida como la Ley Zavala–Riera, promulgada en diciembre del año pasado, con el apoyo de su sector, el agropecuario, que por un lado persigue las ocupaciones campesinas y por otro, ignora la apropiación de grandes extensiones de tierras por parte de empresarios.
Este dúo fanático de medidas liberticidas cuenta en esta ocasión con el apoyo de los colorados Enrique Bacchetta, Antonio Barrios y Sergio Godoy; de los patriaqueridistas Stephan Rasmussen y Georgia Arrúa; del liberal Fernando Silva Facetti y de Patrick Kemper, de Hagamos.
La explica que el proyecto es engañoso desde el momento en que defiende “la defensa de la paz pública y libertad de las personas” como uno de los objetivos, cuando en realidad se trata de un instrumento utilizado ya en la época de la dictadura stronista para perseguir, encarcelar y someter a la oposición política.
También es contradictorio retornar a este tipo de medidas cuando los sistemas internacionales otorgan a los Estados otras herramientas para tratar la colisión de derechos de libre tránsito y manifestación pública que alegan los senadores. Estas discusiones se observan en medio de represiones policiales que aparecen cada tanto y que terminan en tragedias. Desde la organización recuerdan algunos casos, como el de Sebastián Larroza, quien tenía 18 años cuando fue asesinado en 1994 cuando participaba de una manifestación en el marco de la primera huelga general en 36 años y la primera en la era democrática. Estaba por terminar el bachillerato en Yataity del Norte y se adhirió a la protesta en reclamo de una reforma agraria integral, precios justos para sus productos, política económica de desarrollo rural, seguridad social y repudio al contrabando, a la corrupción, a la impunidad y a la sistemática amenaza de dirigentes campesinos, reivindicaciones que continúan vigentes en el sector.
En el 2002, la Policía mató a Calixto Cabral, un campesino de 35 años que participaba de las movilizaciones en Caaguazú, mientras que Ernesto Blanco fue torturado un año después al ser arrestado en una manifestación de productores de cedrón. Indefectiblemente, el documento Riera-Zavala, que intenta cercenar las libertades de manifestación mediante la modificación del Código Penal, está completamente desfasado para un sistema democrático. No solo debería ser rechazado, los legisladores tienen además la obligación de revisar la ley que criminaliza las ocupaciones.