En la ruta del conflicto. El servicio de transporte público de pasajeros se normaliza hoy luego de que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) se comprometiera ayer en atender los reclamos del Centro de Empresarios del Transporte del Área Metropolitana (Cetrapam).
La circulación de las empresas informales, una resolución del Viceministerio de Transporte que permite el fraccionamiento de multas para estas firmas y atraso de cuatro meses en el desembolso del subsidio del pasaje fueron las detonantes de las reguladas.
César Ruiz Díaz, titular del Cetrapam, anunció que el servicio se reestablecería desde hoy luego de que el ministro de Obras Públicas, Arnoldo Wiens, se comprometa en revocar la resolución “que beneficia a los irregulares” y a realizar las transferencias del subsidio a las empresas beneficiadas. Sin contar noviembre, el Estado adeuda 1.564.000 dólares. “Salimos conformes de la reunión con el ministro, creemos en su palabra”, dijo.
En la fecha se abonarán dos de los cuatro meses adeudados, anunció ayer el viceministro del Transporte Pedro Britos. El referente del organismo del transporte anunció también que se revocará la resolución que fracciona las deudas por multas de las empresas ilegales. Según explicó, la medida no buscaba beneficiar a las empresas fantasmas, sino se asemejaba a las exoneraciones que aplican los municipios.
Impacto. La medida llevada adelante por los transportistas, afectó al 60% de las unidades del servicio público. A raíz de ello, muchos usuarios llegaron tarde a sus lugares de trabajo y otros compromisos.
Aunque la medida no fue anunciada con antelación, el titular del Cetrapam se excusó al respecto. Señaló que desde hace tiempo reclamaba a las autoridades las medidas que debían tomar contra las empresas irregulares.
Ante la medida llevada adelante por los transportistas y la posibilidad de sanciones, el viceministro del Transporte señaló que analizarán lo sucedido. El representante de Cetrapam se negó a reunirse con Britos, pues consideró que ya no tiene credibilidad.
Según el estudio realizado por los transportistas, el costo del pasaje en el diferencial debería ser de G. 4.062. Los G. 462 de diferencia son subsidiados por el Estado. Hasta el momento, este tipo de unidades abarca el 40% del parque, según Ruiz Díaz.
El pasaje convencional, en base al estudio de los empresarios, tiene un valor real de G. 2.482. Los G. 82 de diferencia también son subsidiados, desglosó.
1.564.000 dólares aproximadamente es el monto que adeuda actualmente el Estado por subsidio a transportistas.
Acá lo que tenemos que construir es una solución que permita destrabar esta situación y pueda garantizar el servicio. César Ruiz Díaz, transportista.
La resolución era genérica, iba para todas las empresas permisionarias que tengan deudas con nosotros. Pedro Britos, viceministro Transporte.
Abogado de Línea 18 tilda a Ruiz Díaz de extorsionador
La regulada del transporte público llevada adelante por Cetrapam, constituye un hecho punible penal, señaló César Martínez, apoderado de la Línea 18 Boquerón (rojo).
“Con esto que realizaron (las reguladas sin aviso) se configura el sabotaje y la perturbación de un servicio público. Ellos son permisionarios que alquilan un recorrido, no son dueños. Y este es un servicio de carácter indispensable”, disparó el abogado de la empresa cuyo retiro de circulación es solicitado por Cetrapam por operar -a su criterio- de manera ilegal.
Al anunciar la medida y el propósito que es cobrar subsidio, el titular de la Cetrapam “está incurriendo en tres delitos; el sabotaje, la perturbación del servicio público y la extorsión a un organismo del Estado”, desglosó Martínez.
Comentó que los referentes de la empresa Boquerón estuvieron ayer en la Fiscalía General del Estado conversando con la titular de dicha entidad sobre la situación. “Al decir (Ruiz Díaz) lo que estaba haciendo, o sea, reguladas y que tuvo un impacto patente en toda el área metropolitana, deja de ser un representante de los transportistas y pasa a ser un cabecilla de los delincuentes”, enfatizó. Lo calificó como extorsionador.
Con relación a lo que concierne a la Línea 18 Boquerón, expresó que no existe deuda alguna con el Banco Nacional de Fomento. Admitió que sí existe una deuda con el IPS. “Son cuentas por contratos que no se dieron de baja, no porque no se esté pagando un servicio. Falta una actualización de datos”.
Denunció además que el empresario de Cetrapam cobra subsidios por más vehículos de los que realmente tiene. “Como yo vengo denunciando eso, ellos piensan que apartado del sistema de transporte seré un problema menos. Y es al revés”, señaló. Aseveró que no tiene acciones en la firma 18 Boquerón.
Sobre la situación de la línea 18, anunció que recurrirán si es necesario a instancias internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, atendiendo a la falta de credibilidad que les generan las instituciones del Estado.
462 guaraníes es el subsidio que el Estado destina para el pasaje diferenciado y G. 82 en el bus convencional.