El Dr. Laurentino Barrios, decano de la Facultad de Ciencias Médicas (FCM), designó recientemente a tres funcionarios, investigados por sendas irregularidades, como asesores en varias áreas de Clínicas.
Julio Villalba, ex jefe de Seguridad y Transporte, fue comisionado a cumplir funciones administrativas en el Departamento de Seguridad y Vigilancia en la sede San Lorenzo, a partir del 1 de noviembre.
El Lic. Nelson Marín, ex administrador del nosocomio, fue nombrado asesor de la Dirección de Postgrado, también desde la fecha señalada. En tanto que Sara Mongelós, ex jefa de Cocina, fue designada en el cargo de asesora de la Unidad de Obesidad, el pasado 1 de octubre de este año.
Los tres forman parte de la decena de funcionarios sumariados, quienes están suspendidos desde setiembre de 2015 por denuncias de cobro irregular de salarios, entre otros.
“Nos parece un atropello a la razón que se les nombre asesores a personas que fueron separadas de sus puestos, por supuestas fallas técnicas en el ejercicio de funciones en cargos de confianza. Antes de que se expida el juez sumariante, se les premia con cargos de asesores”, fustigó la Dra. Claudia Centurión, integrante del gremio de médicos que está agotando instancias para llevar a cabo una huelga en Clínicas.
Alternativas. Precisamente, en la bipartita para destrabar la medida de fuerza se analizaron alternativas viables –dijo– para reasignar funciones a los sumariados, ya que siguen cobrando salarios. Se envió una lista de casi cinco opciones para reubicarlos en el hospital. “Pero el decano sacó estas resoluciones premiándolos con puestos de asesorías”, insistió la vocera del comité de huelga.
Platearon, por ejemplo, que a Mongelós –licenciada en Nutrición– se le asigne un cargo de “nutricionista en el área de terapia intensiva para que ayude a los pacientes allí”, indicó.
El decano Barrios, a su vez, dijo que les designó dichas funciones, en virtud a que varios de los sumariados ocupaban cargos de jefaturas y no puede reasignarles tareas en cargos inferiores. Incluso, algunos de ellos –como son sindicalistas– iniciaron también las gestiones ante el Ministerio del Trabajo para ir a huelga, en caso de que les baje de categoría. “Hay un aval legal de que si cometieron irregularidades en el ejercicio de sus cargos, se contempla que lo bajen de categoría; pero conservando su mismo salario”, contrapuso la Dra. Centurión.