Tras un prolongado, laberíntico y cuestionado proceso judicial, se espera que en los próximos días concluya el juzgamiento del llamado caso Curuguaty, acerca de la masacre ocurrida el 15 de junio de 2012 en el lugar llamado Marina Cué, en un intento de desalojo de unos 70 campesinos que ocupaban unas tierras cuya verdadera propiedad no ha sido resuelta judicialmente hasta la fecha.
El operativo fiscal y policial había terminado en un verdadero baño de sangre, con la muerte de 17 personas, entre ellas 11 campesinos ocupantes y 6 policías, además de una gran cantidad de heridos.
El escándalo político que siguió a la masacre fue aprovechado por sectores partidarios para impulsar un acelerado juicio político en el Parlamento, que acabó con la destitución del presidente Fernando Lugo, el 22 de junio, quien fue sustituido por el vicepresidente Federico Franco, del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA).
Se evidenciaron graves defectos de procedimiento del propio operativo fiscal y policial, ya que se partió de la base de que era una propiedad privada de la empresa Campos Morombí, pero surgieron suficientes elementos que permiten suponer que las tierras seguían perteneciendo al Estado paraguayo, ya que fueron donadas por la empresa La Industrial Paraguaya SA en 1967, y nunca fueron transferidas. Es una cuestión aún pendiente de resolución judicial.
Pero el principal cuestionamiento de organizaciones de derechos humanos y de organismos internacionales es que la Fiscalía no investigó todos los hechos ocurridos, partiendo de una teoría anticipada, parcial y sesgada. Hay 12 campesinos acusados por invasión de inmuebles, asociación criminal y homicidio doloso de los 6 policías, pero ningún agente policial fue investigado por las muertes de los 11 campesinos.
A los cuestionamientos técnicos de ocultamiento de evidencias, sospechas de ejecuciones extrajudiciales y otras graves acusaciones, se han agregado acciones de politización del caso desde diferentes sectores.
Los defensores de los campesinos acusados han presentado también diversas acciones que han sido interpretadas como chicanas para suspender en varias ocasiones el proceso y actualmente llevan a cabo una campaña política y mediática denominada #AbsoluciónYa, que busca invalidar el juicio, por considerar que el mismo está totalmente viciado y buscan proclamar la inocencia de los campesinos acusados.
Este es el panorama que convierte al caso Curuguaty en un desafío histórico y en una prueba de fuego para la Justicia paraguaya. Su desacreditada imagen, con los reiterados ejemplos de corrupción y de vulnerabilidad ante las presiones políticas, la exponen a una posibilidad de deterioro aún mayor ante los ojos de la ciudadanía y de la observación internacional, si el fallo en este caso resulta sospechosamente parcial.