El escándalo que involucra a la auxiliar del Ministerio Público Claudia Giselle Guillén, quien manejaba una camioneta denunciada como robada en Brasil, pone en evidencia las desprolijidades en el control de los automotores y de la emisión de los respectivos documentos.
La mujer se presentó ayer en la Comisaría 10ª Metropolitana ante la orden de detención que pesaba en su contra. Horas después de darse por detenida, su abogado defensor difundió varios documentos con los que buscaba dejar constancia de que la camioneta que conducía la funcionaria fue comprada por su padre, el 9 de noviembre de 2022, según obra en el contrato privado.
También presentaron una constancia del Departamento de Automotores de la Policía Nacional, específicamente de la Dirección de Desarmadero, donde se afirmaba que pasaba el control vehicular.
En el documento se leía que la camioneta “no cuenta con orden de captura en la base de datos de la Policía Nacional”.
Los papeles tenían el membrete y el sello de la institución policial.
La supuesta verificación tiene como fecha el 15 de marzo de 2022, seis meses antes de la sustracción del vehículo en territorio brasileño.
También figura un contrato privado que supuestamente se celebró el 9 de noviembre de 2022, días antes del robo de la camioneta Toyota Hilux, que, según los datos policiales, fue robada el 26 de noviembre de ese año en Santa Catarina, Brasil.
Las autoridades del Departamento de Control de Automotores convocaron a una rueda de prensa para aclarar que estos papeles presentados por la defensa no fueron emitidos por ellos.
Aseguraron que la única dependencia autorizada para emitir un dictamen es la oficina de Inspección Vehicular que realiza peritajes por pedido del Ministerio Público.
Las supuestas pruebas presentadas por la defensa fueron peritadas por los agentes, por lo que llegaron a la conclusión de que son falsas.
ESTRUCTURA CRIMINAL. Por su parte, el comisario Cristian Amarilla habló de una estructura criminal dedicada a la venta ilegal de automotores.
Indicó que los rodados se roban en el exterior e ingresan al país de forma ilegal por parte de algunos miembros de la estructura. Otras personas, que también pertenecen a la red, se dedican a la obtención de habilitaciones, registros y matriculas para que puedan ser vendidos como vehículos legales.
El comisario Amarilla no descarta que funcionarios públicos sean cómplices en el esquema delictivo.
Por otra parte, la funcionaria del Ministerio Público quedó detenida en la base de la Policía Urbana mientras se decide su situación procesal.
Para hoy, pasadas las 08:00, tendrá que presentarse ante el juez Raúl Florentín para la audiencia de imposición de medidas.
El magistrado admitió la imputación por los hechos punibles de reducción y resistencia, tanto para la funcionaria como para su madre Sergia Adolfina González de Guillén, que supuestamente escupió a los intervinientes durante el procedimiento realizado el pasado lunes 13 de marzo en Asunción.
El fiscal Óscar López Laterza citará a la mujer para mañana, a las 10:00, para su declaración.