Aprovechando la realización en Chile de la 88° Asamblea General de Interpol, la Cancillería Nacional instruyó a la Embajada en Santiago que presente una protesta formal por el levantamiento de los códigos rojos por parte de la institución con respecto a los prófugos de la Justicia Juan Arrom, Anuncio Martí y Víctor Colmán, pese a las insistencias en contrario por parte de la Justicia paraguaya; y pese a las gestiones diplomáticas desplegadas con ese fin.
Una delegación de la Embajada acompañará a Wilberto Sánchez, jefe del Departamento de Interpol de Paraguay en dicha gestión.
El procurador general de la República, Sergio Coscia, reiteró la semana pasada, cuando se confirmó el viaje de Arrom y compañeros a Finlandia, mediante gestiones de la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur), que varias instituciones facilitaron este desenlace. Entre ellas, la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), que levantó el código rojo sobre los tres paraguayos que por 17 años residieron en el Brasil con estatus de refugiados.
El código rojo o una notificación roja es una solicitud a fuerzas del orden de todo el mundo para localizar y detener provisionalmente a una persona en espera de extradición, entrega o acción judicial similar.
Paraguay había vuelto a solicitar que se activara de nuevo el código rojo, presentando los documentos después del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el juicio promovido por Arrom, Martí y Colmán contra el Estado paraguayo, por supuesto secuestro y tortura.
El Gobierno solicitará una explicación al respecto, reiterando que los tres paraguayos reclamados tienen cuentas pendientes con la Justicia, imputados por el secuestro de María Edith Bordón, ocurrido en 2001.
En un comunicado emitido la semana pasada por la Cancillería sobre el caso, se puso en duda incluso la credibilidad de la Interpol, al quedar en duda su capacidad efectiva para perseguir el crimen organizado.
Entre otras protestas que ya fueron elevadas por el caso Arrom, Martí y Colmán, la Cancillería suma una ante la Acnur, en la sede de la ONU en Ginebra; otra ante la propia Organización de las Naciones Unidas, en Nueva York, y ante el canciller de Finlandia.
Según el procurador, Coscia, esta semana seguirán las gestiones para intentar que el país europeo que dio acogida a los tres paraguayos revoque la decisión.
Arrom y compañeros obtuvieron primero refugio político en Uruguay, hasta donde se dirigieron. Cuando Brasil les revocó ese estatus, y posteriormente, con ayuda de Acnur, llegaron a Finlandia.