Aunque puede ser cuestionable la actitud de Ricardo Riquelme, el ciudadano que conducía su automóvil en la noche del sábado junto a su esposa y sus dos hijos pequeños, quien retrocedió su vehículo al ver una barrera policial, que según él estaba instalado en un lugar inhóspito y con pocas luces sobre la ruta entre Luque y San Lorenzo, y que por temor a ser víctima de coimas o extorsión trató de alejarse para evadir el control. Nada y desde ningún punto de vista justifica la persecución a balazos ni disparar a matar contra ocupantes de un auto que no eran una amenaza violenta contra miembros de las fuerzas de seguridad.
En una serie de declaraciones de expertos en Derecho publicadas ayer por este diario, varios abogados coinciden en que no pasar por una barrera policial no constituye un delito.
El ex fiscal José Casañas Levi, al igual que los abogados Jorge Vasconcellos y Jorge Rolón Luna destacan que la propia imposición de barreras policiales en la vía pública constituye un procedimiento irregular e ilegal, ya que no existen leyes que las amparen. Por el contrario, la respuesta de los policías en perseguir a balazos a ciudadanos fue una actitud criminal y una violación total de los procedimientos establecidos en los protocolos policiales.
Lo trágico es que el episodio del sábado pasado no constituye un hecho aislado.
La modalidad de gatillo fácil es parte del oscuro accionar de una institución que arrastra una densa historia de cultura represiva y corrupción, heredada de la época de la dictadura stronista. Episodios anteriores, como el de la niña asesinada en junio de 2016 por agentes de la Senad en un confuso operativo en Nueva Italia, o el caso del joven Richard Pereira, baleado sin motivo aparente por efectivos policiales en agosto de 2016, o el de las dos niñas heridas por un tiroteo de policías contra un transporte escolar lleno de niños en Areguá, en febrero de 2019, entre muchos otros casos, instauran la comprensible desconfianza de la ciudadanía ante una barrera establecida a la noche en una zona inhóspita. Los pedidos de coima y los intentos de extorsión por parte de agentes policiales también siguen siendo frecuentes.
Por ello resultan cuestionables las declaraciones del ministro del Interior, Euclides Acevedo, al intentar justificar la criminal acción del oficial Juan Amarilla y el suboficial Derlis Sanabria, de la Comisaría Primera Central de San Lorenzo, al sostener que “hubo dos irresponsabilidades”, culpando al padre por huir de la barrera. En la actual situación de pandemia que estamos viviendo, el respeto a los derechos humanos y al sistema legal vigente resulta imprescindible.
Urge revertir la mentalidad heredada del régimen tiránico que sigue alentando la brutalidad policial. Unas fuerzas de seguridad viciadas de corrupción, obsoletas en su estructura, con poca preparación profesional de sus efectivos y con nula credibilidad en la ciudadanía constituyen más una amenaza que un servicio.