Cámara destraba caso del ex contralor y el juez le podrá aplicar las medidas

El Tribunal de Apelaciones, Cuarta Sala, destrabó el caso que investiga al ex contralor general de la República, Óscar Rubén Velázquez Gadea, la subcontralora, Nancy Torreblanca, y otros funcionarios por supuesta estafa, cobro indebido de honorarios e inducción a un subordinado a un hecho punible.

  • Facebook
  • Twitter
  • Email
  • Print

Proceso. El ex contralor Óscar Rubén Velázquez Gadea enfrenta dos imputaciones.

Con ello, ahora podrá fijarse la audiencia de imposición de medidas para Velázquez, ya que los demás fueron beneficiados con medidas alternativas a la prisión.

Los camaristas Arnulfo Arias, Gustavo Ocampos y en disidencia Emiliano Rolón Fernández rechazaron la apelación presentada por el ex contralor bajo patrocinio de su abogado José Almada.

El ex contralor apeló la resolución del juez Alcides Corbeta contra la providencia de fecha 19 de agosto de 2015, que rechaza el incidente de nulidad del acta de imputación.

El letrado manifestó que el incidente planteado hace referencia a la falta de fundamentación, como así también viola disposiciones de la Constitución Nacional, pacto de San José de Costa Rica y artículos del Código Procesal Penal.

“En la imputación se omitió pronunciar respecto a las conductas objetos de investigación, pues no ha determinado cuál o cuáles fueron la acción o acciones”, indicó el profesional.

En tanto, la fiscala Victoria Acuña solicitó que se declare inadmisible la apelación, alegando que el apelante no ha argumentado el agravio o perjuicio concreto.

imputación. El 1 de julio de 2015, la fiscala Victoria Acuña imputó al ex contralor, Óscar Velázquez, y a otros 10 funcionarios por un perjuicio de G. 1.121.319.953.

La representante del Ministerio Público indicó que el delito de estafa puede ser penado con hasta cinco años de cárcel, en tanto que el cobro indebido tiene un marco penal de dos años y la inducción a un subordinado a un hecho punible es sancionada con el castigo previsto para el delito “inducido”, en este caso el cobro indebido.

La investigación del Ministerio Público, que se inició en mayo tras publicaciones de ÚH, detectó el perjuicio mencionado a través del pago irregular de salarios y horas extras a funcionarios que no prestaban servicio o bien no contaban con los títulos universitarios que les requerían sus cargos.

Tal es el caso de Liz Paola Duarte, conocida como la secretaria vip del ex contralor Velázquez, que llegó a cobrar como salario G. 20 a 25 millones en horas extras, inclusive llegó a ganar hasta G. 37 millones en total en un solo mes por “trabajar” 27 horas al día.

  • Facebook
  • Twitter
  • Email
  • Print
Más contenido de esta sección