Recordó que para construir las obras de infraestructura el Estado necesita recursos a los que puede acceder a través del endeudamiento público o el aumento de los impuestos.
“Si aumenta la deuda pública nuestros hijos y nietos terminarán pagando la cuenta, pero, por medio de la Ley de APP el costo es transferido al sector privado ahorrando millones de dólares al Estado y los ciudadanos”, resaltó.
Auad citó el ejemplo de las experiencias de países como Brasil, Chile, Perú, Uruguay, que sin importar la ideología política de sus respectivos gobiernos –sea de centro, izquierda o derecha– han utilizado este instrumento jurídico para el crecimiento en infraestructura básica.
Aseguró que la ciudadanía se beneficiará con mejores rutas, hospitales y escuelas cuando estén en práctica los proyectos. “La Cámara no discute la importancia de la ley, sino la implementación que debe ser ágil, eficiente y transparente. En otras palabras, necesitamos reglas claras para que las APP funcionen”, reclamó.