Luis Osvaldo Sánchez y Brian Esteban Martínez, quienes solicitaron ser admitidos como refugiados, en Uruguay, fueron detenidos el lunes pasado por la Interpol, en cumplimiento de una orden de captura internacional librada por el juez paraguayo Gustavo Amarilla.
Es por el caso de la toma e incendio del Congreso, tras las protestas populares contra el proyecto de enmienda para la reelección presidencial, alentada por el oficialismo colorado con sus aliados del Frente Guasu, del llanismo liberal y del partido Unace.
Aseretto, quien trabajó muchos años en el tema de los refugiados, aseguró que “un solicitante de refugio goza de los mismos derechos que un refugiado, por lo que no se los puede detener ni llevarlos a la justicia ordinaria, hasta que salga la sentencia que le otorgue o no la calidad de refugiado”.
“Lo que corresponde es la inmediata liberación y no esperar que comparezcan ante un juez”, aseguró.
Indicó que quienes están a la espera de un fallo que les conceda o niegue la figura de refugiados, pueden comparecer solamente ante el organismo estatal que entienda esas cuestiones, en este caso la Core (Comisión de Refugiados de Uruguay), y no ante la Justicia ordinaria que, según su opinión, no tiene jurisprudencia en este tipo de casos.
Conocedor de dicha ley, señaló que la de Paraguay fue sancionada en el 2002, mientras que la de Uruguay (Nº18076) data del 2007, y “es prácticamente una copia de la Ley 1938/02 de Paraguay”.
Por ello criticó al Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay por su “profundo desconocimiento de la ley de refugiados de Uruguay y de la convención de 1951 de Ginebra”.
Aseretto también criticó a la Conare (Comisión Nacional de Refugiados) de Paraguay, por no ponerse en contacto con sus pares del Core, en este caso.