Antiguos dirigentes buscan unidad al frente de la Asociación Rural

Pedro Galli y Manuel Riera pugnarán hoy por la presidencia de la ARP, tras la postergación de los comicios por la pandemia. Coinciden en que las reivindicaciones se lograrán solo con unidad.

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La nueva mesa directiva de la Asociación Rural del Paraguay (ARP) deberá enfrentar la vieja disputa de precios con la industria cárnica, que se agudizó con la pandemia del Covid-19. Uno de los candidatos propone una posición firme, mientras que el otro apuesta al diálogo. Sin embargo, ambos coinciden en que solo se podrá avanzar en las reivindicaciones de los ganaderos si se unen las fuerzas entre los socios.

Los candidatos del Movimiento Integración Rural, Pedro Galli, y de Porvenir Pecuario, Manuel Riera, aguardaron cuatro meses más de lo establecido para ir a los comicios, debido al aislamiento preventivo recomendado por el Ministerio de Salud. Ambos son antiguos dirigentes del gremio; el primero se desempeñó como titular de la Regional de San Pedro, mientras que Riera estuvo como vicepresidente primero en el último periodo.

Poco más de 200 electores decidirán hoy bajo un estricto protocolo sanitario cuál de los candidatos heredará los cambios que implementó en la ARP Luis Villasanti, quien rompió el récord en el tiempo de mandato con cuatro años y cinco meses al frente de la ARP. El presidente saliente se enorgullece sobre todo por la reestructuración administrativa y transparencia en los gastos.

El ganadero que salga victorioso deberá asegurarse de ganarse el respeto del Gobierno, que reconoce el poder de este grupo rural. El propio presidente de la República, Mario Abdo Benítez, se encarga de lanzar loas a la ARP, mientras que el Congreso se hace eco de sus reclamos.

Si bien los dos candidatos coinciden en varios puntos relacionados a sus reivindicaciones, hay algunas diferencias en las líneas de acción. Sobre la denuncia vigente acerca de los bajos precios que reciben por sus animales en los frigoríficos, consideran necesario crear un Instituto de la Carne, donde los productores formen parte de las negociaciones comerciales con los importadores y así se puedan transparentar los beneficios para cada miembro de la cadena cárnica. Para Riera el único camino para lograr este objetivo es el diálogo, mientras que Galli cree conveniente endurecer la posición de la ARP.

El futuro presidente además de asumir en medio de incendios forestales, que empiezan a causar desesperación en la ganadería, lo hará en una asociación dividida en otras organizaciones que de a poco están cobrando protagonismo. Una de ellas es la Asociación Paraguaya de Productores y Exportadores de Carne, que fue fundada recién el año pasado, a la que se suman el Consorcio de Ganaderos para la Experimentación Agropecuaria y la Asociación Agropecuaria de Agua Dulce, en el Chaco.

“Yo creo que la Rural tiene que recuperar su prestigio, su credibilidad, coherencia y hacer que los productores se sientan representados porque el nacimiento de estas instituciones es la consecuencia de un defecto de representación que ellos le atribuyen a la ARP”, dijo sobre esta problemática el candidato de Porvenir Pecuario.

En tanto que Integración Rural también admite que estas fuerzas debilitan al gremio, pero no considera un problema siempre y cuando dialoguen entre sí por los intereses comunes y que reconozcan a la ARP como “institución madre”. Por otro lado, adelantó que en caso de ganar las elecciones trabajará en incorporar en el estatuto a los productores de diferentes especies de animales, debido a que actualmente solo pueden ser socios los que tengan bovinos o equinos.

Otras diferencias. La propuesta de trazabilidad general y la eliminación de la vacunación contra la aftosa también forman parte del debate en el rubro.

Galli está de acuerdo con la identificación de todo el hato ganadero, mientras que su oponente fue más cauteloso y manifestó que no se puede obligar a pequeños productores a asumir un gasto por el que no recibirá beneficio en la industria, mientras que sobre la inmunización coinciden en que se debe mantener para evitar riesgos y mayores costos en controles, aunque Riera reconoció que el país está sujeto a lo que decida la región en ese sentido.

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