“Latinoamérica volvió a ser una vez más la región más peligrosa del mundo para quienes defendían los ; las personas que se dedicaban a proteger los derechos a la tierra, el territorio y el medioambiente”, señala parte de informe anual presentado por Amnistía Internacional sobre de 2019.
De acuerdo con la organización, la principal represión se dio por parte del Gobierno o de personas progubernamentales, quienes restringieron el derecho a manifestarse como también del asilo, según informó la organización.
El 2019 fue el escenario de grandes estallidos sociales en Chile, Colombia, Bolivia, Venezuela, Honduras, Puerto Rico, Haití y Ecuador, donde las personas salieron a las calles para levantar la voz exigiendo el respeto por los derechos humanos.
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Igualmente, Amnistía presentó en el informe un total de 210 personas muertas durante las manifestaciones en Latinoamérica. La cifra de acuerdo a cada país es de 83 en Haití, 47 en Venezuela, 35 en Bolivia, 31 en Chile, ocho en Ecuador y seis en Honduras.
Así también, destacó que Colombia sigue siendo uno de los países más letales para las personas que defienden los derechos humanos, con al menos 106 homicidios, en su mayoría de líderes indígenas, y campesinos.
Situación de Paraguay en el ámbito social
Según Amnistía, en el país la discriminación y la violencia contra la comunidad LGBTI siguen siendo uno de los problemas principales. Así también, recalcó que la independencia del Poder Judicial es motivo de preocupación.
“A pesar de algunos avances en el acceso a la justicia, la verdad y la reparación, los pueblos indígenas continuaron siendo objeto de desalojo forzoso y desplazamiento. Los defensores de los derechos humanos continuaron siendo criminalizados”, agregó.
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Con relación a la situación de los pueblos indígenas, Amnistía resaltó el desalojo de las comunidades por parte de los grupos armados, quienes ingresaron a las tierras ancestrales.
La organización destacó las represiones contra los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros e intersexuales, y señaló el caso de la Comuna de Encarnación, que denegó el uso de un espacio en la Costanera para una actividad a favor de los derechos , alegando ser “provida y familia”.
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Además, denunció a la Policía Nacional, que no intervino para proteger a los miembros del colectivo, quienes fueron agredidos verbal y físicamente por un grupo antiderechos.
El informe alegó la situación de vulnerabilidad de los defensores de los derechos humanos en toda Latinoamérica, resaltando el retroceso de los Estados.