Un ex rector de la Universidad Nacional de Asunción, la más prestigiosa del país, fue condenado a prisión por corrupción. Se llevó consigo a la ex directora de Recursos Humanos, la “comepapeles”, triste fama adquirida tras haber intentado eliminar pruebas engulléndose documentos.
Un ex presidente de la República declarado “significativamente corrupto” y sancionado por EEUU por “socavar las instituciones democráticas” y con “vínculos con el terrorismo”.
Un vicepresidente de la República declarado “significativamente corrupto” y sancionado por EEUU por “soborno”, “interferir en procesos judiciales para protegerse a sí mismo y a sus socios” y con “vínculos con el terrorismo”.
Un ex ministro de Corte jubilado, sentado hoy en el banquillo de los acusados, procesado por pedido de coima.
Un ministro de Corte acusado de recibir y devolver una coima para evitar la extradición de un lavador del dinero del narcotráfico y el terrorismo que se resiste a renunciar.
Una fiscala imputada por coima, en alegre comparsa con asistentes y abogados.
Un juez y una fiscala acusados de coima y tráfico de influencias para favorecer a un acusado por abuso sexual.
Un jefe aduanero anticontrabando y un policía fueron detenidos por extorsión a comerciantes al más puro estilo de la mafia italiana.
Un general, nombrado zar anticontrabando, ex candidato presidencial, destituido y procesado por proteger el contrabando.
Un diputado acusado por enriquecimiento ilícito cuyo proceso lleva una década.
Ministros, intendentes, gobernadores, legisladores en la mira por innumerables hechos de corrupción y cientos más a los que no llega ni llegará jamás el peso de la Justicia.
La lista es infinita. Y la mano larga que los protege también.
Es el Estado en estado de descomposición.
Las cárceles están abarrotadas, superpobladas, pero ¿cuántos de los presos hacinados son políticos o funcionarios corruptos que condenan a la ciudadanía a un estado de pobreza económica y desmantelamiento institucional?
FIN DE UNA ERA. El miércoles 8 de marzo finaliza el mandato de Sandra Quiñónez, la primera mujer en ocupar la Fiscalía General del Estado. Se va, tras superar cuatro intentos de juicio político, dejando en la mayor ruina moral de su corta historia democrática a una institución clave para el desmantelamiento de la corrupción y la delincuencia general.
Quiñónez, de destacada labor como fiscala penal antisecuestro, llegó al cargo máximo de la mano del presidente Horacio Cartes (2013/2018), un vínculo político que no supo separar convirtiendo al Ministerio Público (MP) en servil y obsecuente. Basta con mirar las causas cajoneadas donde están involucrados el mismo tabacalero, sus ex ministros y sus aliados políticos para concluir que no ha sido la independencia sino la obediencia la línea institucional marcada, donde una camarilla de fiscales ejecutó las órdenes de acuerdo con las bajadas de líneas políticas sin el menor rubor. Donde no se imputa a políticos de “alto perfil sin elementos suficientes”, delicadeza que no se aplica a ciudadanos comunes o los adversarios políticos.
Negligencia. Impunidad. Desidia. Corrupción interna. Son las líneas que cruzan una institución cuya gestión ha perdido credibilidad, que también carece de recursos y tecnología para luchar contra el crimen organizado, un flagelo que crece exponencialmente poniendo en peligro de muerte a una sociedad que no toma nota de los peligros de la narcopolítica. Una calamidad que se ha cargado a uno de los mejores y honestos fiscales como Marcelo Pecci.
DESAFÍOS. El jueves 9 de marzo asume el nuevo fiscal general del Estado, Emiliano Rolón. Se espera de él que sea todo lo contrario de su antecesora. Prometió realizar una auditoría de gestión para separar la paja del trigo en cuanto a las causas cajoneadas y los fiscales responsables. Esto es clave para rescatar a aquellos funcionarios honestos que no se prestaron a las manipulaciones y fueron marginados.
Se espera de él que no pacte con los grupos de poder dejando impunes a los responsables, corte con la dependencia política, elimine claques y sepulte el servilismo.
Rolón es un viejo lobo del Poder Judicial. Si bien su perfil se adecua más a la alta magistratura, el Ministerio Público es desafiante para el último tramo de su carrera porque requiere habilidad administrativa y capacidad política para gerenciar un cargo con poderosos intereses en pugna.
Asume un nuevo fiscal general del Estado. Ojalá inicie una nueva era defendiendo a la ciudadanía de los corruptos, de los narcos, de los lavadores de dinero, de la larga lista de delincuentes que han tomado por asalto el Estado y rescate de la degradación deshonrosa a la que ha caído la institución.