La agricultura familiar provee los principales rubros de la canasta alimentaria no solo de las familias campesinas, sino también del resto de la población.
La calidad de vida de un país depende de su capacidad para generar y distribuir los alimentos en cantidad y calidad suficientes para satisfacer las necesidades de su población.
Los precios de los alimentos tienen un alto peso en la canasta familiar. En los últimos años, la inflación de alimentos derivados de la agricultura familiar superó el promedio nacional, en algunos años, incluso llegó al doble o al triple. El aumento de estos precios reduce la capacidad adquisitiva de los trabajadores, por lo que se deteriora su calidad de vida.
La agricultura familiar genera ingresos en los hogares campesinos, constituyéndose en uno de los mecanismos fundamentales para la lucha contra la pobreza. Las familias que proveen alimentos al país, a pesar de su relevancia en el bienestar de toda la población, están entre las más pobres y vulnerables.
La agricultura familiar es fundamental para mantener una cultura alimentaria. La oferta de la agricultura familiar beneficia una alimentación sana y equilibrada, contribuyendo a prevenir enfermedades como la obesidad y la diabetes.
Muchos son los problemas que enfrenta la agricultura familiar. El cambio climático alteró los ciclos productivos y genera pérdidas tras cada evento de sequía o tormenta fuerte. No cuenta con créditos suficientes ni seguros agroclimáticos. La falta de infraestructura vial y en la finca, como media sombra, sistemas de riego y almacenaje, pone en permanente riesgo de pérdida a la producción campesina. La falta de tierra y su mala calidad cuando la tienen es un problema estructural.
El Estado debe garantizar el acceso de la población a alimentos en cantidad y calidad suficientes. Ello exige una política de calidad dirigida al impulso del sector. Esta debe ser amplia e integral y debe abarcar todos los ámbitos problemáticos, desde el acceso a la tierra y una mejor infraestructura vial y productiva, hasta la asistencia técnica y la inclusión financiera.
Desde hace años las organizaciones campesinas reclaman políticas de carácter estructural y que, a la vez que beneficiarán al sector, limitarán el prebendarismo. El seguro agroclimático y las compras públicas se vienen discutiendo desde hace diez años y aún no se han implementado. Los servicios de educación y capacitación en lugar de fortalecerse se están debilitando. No hay políticas para reducir el poder de mercado y garantizar precios justos a los campesinos.
Si bien existen programas y recursos asignados, la implementación es deficiente y existen vacíos que ocasionan pérdida de eficiencia. Pareciera que a los gobiernos les interesa mantener la situación, ya que frente a la pobreza, a la vulnerabilidad y a las múltiples exclusiones, el campesinado termina dependiendo de algún funcionario o político de turno. El Gobierno debe poner en primer lugar el bien común e implementar las políticas que sean necesarias para lograr una agricultura familiar fuerte y dinámica.