Para el abogado Rubén Lisboa, que representó a Juan Arrom y Anuncio Martí en el juicio contra el Estado paraguayo promovido por sus defendidos, el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos “es un gran retroceso”.
En la práctica, dice, habilita a que el Estado pueda torturar, matar o hacer desaparecer a las personas. “Lo que no debe hacer es usar uniforme nomás”, dijo aludiendo al hecho de que los supuestos agentes del Estado que secuestraron en el 2002 a Arrom y Martí estaban todos de civil.
“Es un retroceso para la defensa de los derechos humanos”, reiteró.
La sentencia es en contra de la población civil, sobre todo, los ciudadanos más vulnerables, agregó.
“Esta sentencia ha dejado un precedente nefasto”, remarcó.
Explicó que cuando se litiga no se espera una sentencia desfavorable, por lo que hasta último momento tenía la esperanza de que la Corte IDH haya tomado nota de que la actuación del Estado en el caso Arrom y Martí estuvo plagada de omisiones, precisamente para no dilucidar lo que realmente ocurrió. “Por acción y por omisión no se hicieron las diligencias que correspondían hacer”, insistió.
Lisboa dijo que fueron notificados sobre la resolución de la Corte él y sus representados, y que mantiene una fluida comunicación con ellos, debido a que les une una amistad que nació en la época de la dictadura.
“Además de ser su abogado, soy amigo de ellos”, precisó.
Respecto a la sentencia de la Corte IDH agregó que leyó el texto completo y que su conclusión es que el tribunal “no consideró absolutamente el caso de tortura”, del que Arrom y Martí acusan a agentes del Estado.