El informe del publicado este jueves señala que el Viceministerio de Política Criminal reportó 5.219 salidas del al cierre de este año, de los cuales 4.832 son hombres y 387 son mujeres.
La mayor cantidad de egresos se dio en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú, donde 920 personas privadas de libertad abandonaron la cárcel.
Le siguen el Centro de Rehabilitación Social (Cereso), en Itapúa, con 573 salidas, la Penitenciaría Regional de Emboscada con 561 y la Penitenciaría Padre Juan Antonio De la Vega de Emboscada con 498.
Le puede interesar:
Los penales con menos egreso fueron la Granja penitenciaria Itá Porã (Emboscada, Cordillera) con 11, el Centro Penitenciario para Mujeres Serafina Dávalos (Caaguazú) con 22, la Granja penitenciaria Ko’e Pyahú (Tacumbú, Central) y el Centro Penitenciario para Mujeres con régimen de semilibertad Hogar Nueva Oportunidad con 26.
De acuerdo con la cartera estatal, de entre todas las personas que recuperaron su libertad, 3.718 contaban con medidas preventivas y 1.501 tenían una condena.
En el mismo informe, el Ministerio de Justicia resalta que el Servicio Nacional de Atención al Adolescente Infractor (Senaai) registró una disminución de adolescentes en todos los centros educativos. En marzo de este año habían 278 jóvenes en contexto de encierro, ahora son 185, asegura.
Lea además:
Una realidad latente que soporta desde hace mucho tiempo el sistema penitenciario es el gran problema de hacinamiento en las cárceles.
Según los reportes oficiales, este año hubo unas 16.000 personas privadas de libertad en 18 penitenciarías, que solo tienen la capacidad de albergar a 9.511 personas
El Gobierno de Mario Abdo Benítez decidió paliar la situación con la construcción de más penitenciarías.
Más detalles:
El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alberto Martínez Simón, por su parte, sostuvo en una oportunidad que la excesiva cantidad de presos en el país es debido a que en los últimos años se criminalizaron varias figuras penales que no permiten la salida alternativa a la prisión.
Según datos del Sistema de Información Penitenciaria del Paraguay (Sippy), el 23% de la población total de presos y presas posee una condena firme y el 77% aún se encuentra en la etapa de procesados.
En febrero de 2020, la cartera de Justicia y la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) firmaron un convenio, para que los estudiantes apliquen sus conocimientos técnicos e investiguen y analicen las causas procesales, con el fin de solucionar el hacinamiento en las cárceles del país, disminuir la mora judicial y depurar algunas causas penales.