La telefonía hizo entrega de los datos de dos líneas, que corresponden al diputado Clemente Barrios y al senador Fernando Silva Facetti.
Con esto, Personal se suma a las firmas Claro, Telecel (Tigo), Edivisa, Las Ventanas y Palermo SA, que ya respondieron a los informes, con relación a los nombres de quienes estaban los teléfonos corporativos que aparecían en el cruce de llamadas.
El abogado querellante Guillermo Duarte señaló que había solicitado al juez Alcides Corbeta que designe un perito informático con el fin de obtener los datos que faltaban.
“Por fin ayer se pudo extraer los datos con presencia de los peritos René Maciel y Osmar Cabrera; ahora se debe realizar una resolución pericial y finalmente después hacer la pericia”, explicó el profesional del derecho.
Faltando tan solo semanas para cumplirse un año de aquella fatídica madrugada, cuando se produjo la muerte de Quintana, presidente de la Juventud Liberal de La Colmena, la Fiscalía sigue sin saber quién dio la orden para el atraco de la sede azul.
“Ahora está en manos del Ministerio Público de dilucidar quién dio la orden para ingresar de forma ilegal a la sede del PLRA”, resaltó Duarte Cacavelos.
También aseveró que la investigación va a paso de tortuga, ya que los informes de las otras telefonías se tuvo con anticipación, pero de igual manera no se avanzaron con las pericias.
Por otra parte, Efraín Alegre, presidente del Partido Liberal, había denunciado que detectaron conversaciones entre el presidente, Horacio Cartes, su gerente José Ortiz y el ex comandante de la Policía Críspulo Sotelo la noche del atraco al PLRA.
designaciones. La Fiscalía General se enredó en designaciones, pero no avanzó en diligencias.
En principio, la fiscala Raquel Fernández, quien fue salpicada por los audios divulgados que revelaron la corrupción judicial, estaba a cargo de la investigación, pero la agente se negó rotundamente a cumplir el pedido de la querella de solicitar a las telefónicas los datos sobre el cruce de llamadas, por lo que fue apartada.
Posteriormente la máxima instancia del Ministerio Público designó a las fiscalas Teresa Rojas y Marlene González para continuar con las pesquisas. Sin embargo, Rojas se encuentra de vacaciones. También estaban ligadas a la causa las fiscalas Silvana Otazú y Silvia Cabrera.
La primera se inhibió por amistad con el abogado querellante. En cuanto Silvia Cabrera, impugnó la decisión de Otazú y remitió el caso a la Fiscalía General.
Ante este enredo, el fiscal Adjunto, encargado de despacho, Alejo Vera, volvió a ratificar a González y luego de nombró a las fiscalas Clara Ruiz Díaz y Lorena Ledesma.