Si se confirma que algunos nuevos movimientos y partidos políticos que buscan reconocimiento para participar electoralmente en los comicios generales del 2018, presentándose como alternativas ante los partidos tradicionales, incurren en los mismos vicios y las prácticas de corrupción que aquellos con quienes pretenden competir, merecen de entrada el repudio y el rechazo de los electores.
Según una primera denuncia hecha pública por el asesor del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), Luis Alberto Mauro, unos 35 movimientos presentaron firmas falsas entre sus proponentes, aunque en la víspera se entregó a este diario una lista más depurada, que por ahora reduce el número a cinco: los movimientos Nuevo Horizonte, La Patria Primero, Reserva Patriótica, Joven No Te Calles y el partido Hagamos. Hay otras organizaciones, cuyas listas están siendo verificadas, que también incurrieron en el delito, pero se deben procesar mejor los datos. En el sitio web del organismo se ha habilitado un sistema de consultas para que cada ciudadano elector, con su número de cédula de identidad, pueda revisar directamente si su nombre ha sido utilizado.
Es de esperar que quienes resulten comprometidos con estas prácticas corruptas sean sancionados por la Justicia, pero sobre todo deben ser castigados por la sociedad. Para ello hace falta que cada ciudadano o ciudadana que encuentre que han utilizado impunemente su identidad presente su denuncia, aunque deba someterse a un engorroso trámite burocrático. No debemos permitir que los corruptos y avivados se salgan impunemente con la suya.
Del mismo modo en que hay que repudiar a los actuales falsificadores de firmas, tampoco hay que dejar que los anteriores queden en la impunidad. En este caso, hay que preguntarles a las autoridades del TSJE por qué no actuaron con la misma decisión con el anterior caso de firmas falsificadas, cuando en enero de este año se descubrió que los dirigentes del Partido Colorado habían entregado miles de firmas de personas muertas, detenidas en la cárcel o funcionarios públicos que no habían dado su autorización, entre las planillas con las que buscaban pedir una enmienda de la Constitución, para lograr la reelección del presidente de la República, Horacio Cartes.
Lo llamativo es que dicho caso, que involucraba a altos exponentes vinculados al Gobierno, como el presidente de la ANR, Pedro Alliana, o el vicepresidente de la República, Juan Afara, no mereció la misma reacción enérgica como la que se está viendo en la actualidad. Por el contrario, la investigación sobre las firmas falsificadas de la ANR hasta ahora se mantiene paralizada por la Corte, en una muestra de evidente complicidad con el oficialismo.