Para la Codehupy, el Gobierno busca privar a la ciudadanía de las manifestaciones, principal herramienta que posee para promover, defender y exigir sus derechos humanos. La Coordinadora exige el cese inmediato de toda forma de restricción a los derechos de reunión, manifestación y expresión.
La Codehupy expresa que observa con creciente preocupación como desde el Poder Ejecutivo se ha vuelto más frecuente la retórica de una estrategia de estigmatización social que busca desacreditar las demandas económicas y sociales de diferentes colectivos organizados, señalando reiterada y públicamente a sus dirigentes, sindicales, campesinos, estudiantiles, etc., como responsables de conductas penalmente delictivas.
Añade el comunicado que resulta más preocupante la conexión inequívoca de la retórica del Ejecutivo con prácticas gubernamentales que se observan, por ejemplo, en la intervención y uso excesivo de la fuerza policial en los colegios ocupados por estudiantes, la prohibición de manifestación notificada a los campesinos que exigían el subsidio de su actividad productiva, entre otras.