Pepe Vargas
Ni el quemante sol les despierta del profundo letargo, luego de deambular por las noches en la ciudad. Merodean casi por instinto los diferentes comedores del centro de Asunción a la espera de un bocado que les permita seguir en pie. El efecto del alucinógeno, del chespi o del pegamento dura hasta que el sueño se apaga.
Las personas pasan y les dejan algunas monedas o algo de comer; alimentando así el círculo que los mantiene a la deriva sin protección, a expensas de todo tipo de peligro, sin futuro promisorio y con la infancia arrebatada por el abandono estructural.
En los últimos meses, puede verse a no pocos menores durmiendo en la vereda o en los portales de negocios del microcentro capitalino y la zona de la terminal de ómnibus. La mayoría son de origen indígena y forman parte de las diferentes comunidades nativas que vienen a la capital para reclamar titulación de tierras, acceso a los servicios básicos, entre otros. Mientras, el drama de los niños en situación calle y de consumo tiene lugar frente a la indolencia de los órganos del Estado (incluidos municipios y gobernaciones), cuyas instituciones se ven sobrepasadas por esta problemática.
Desinversión. En la Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia (CDIA) entienden que la presencia de menores abandonados es el resultado de la “ausencia de políticas públicas adecuadas” que puedan al menos dar contención a los niños, sus familiares y su entorno social. “Hay demasiados elementos complejos que implican resolver esto. Primero, todos los programas sociales tuvieron recortes, ajustes para abajo. Paraguay es el país que menos invierte en programas sociales en la región. Siempre nuestro consuelo es que Haití está peor”, dice con ironía Ricardo Derene, de la CDIA.
Que en esta altura del año se vean a más niños en las calles responde también al término del año escolar. “Este es un periodo en el que terminaron las clases y hay una mayor visibilidad de esta situación. Porque tampoco existe todo lo que implica el desarrollo integral del niño: programas de recreación donde tengan espacios de contención y puedan estar y desarrollarse de una forma más segura. Entonces, para muchas familias eso implica llevarlos a las calles”, menciona Derene.
La propia Secretaría Nacional de la Niñez y la Adolescencia (SNNA) reconoció que el presupuesto del Sistema Nacional de Protección para el sector se redujo en la última década en el orden del 13%. “Sin presupuesto no puede haber un sistema de protección que funcione”, resalta.
Abordaje. Desde la SNNA señalan que no pasan de 50 niños los que están en situación de calle tanto en Asunción como en Ciudad del Este, donde el Programa de Atención Integral a las Niñas, Niños y Adolescentes que viven en las Calles (Painac) tiene centros abiertos.
A su vez, en la CDIA hablan de un promedio de 200 niños y adolescentes que viven en la vía pública en todo el país. Cifras más, cifras menos, lo alarmante es “la presencia de niños indígenas en situación de consumo”, apunta Jorge Amarilla, director de Painac.
Ocurre que a la problemática en sí, “resulta complejo” –dice– el abordaje en razón a que los nativos rechazan la asistencia y deben realizar con los caciques de la comunidad.
Sonia Moreira, coordinadora de la Dirección de Protección del Buen Vivir de Pueblos Originarios de la SNNA, cuenta que en el 2017, de las 2.667 intervenciones que realizaron, un total de 300 de ellas correspondieron a niños nativos en situación de calle. Esa dependencia tiene 12 educadores indígenas, pero admite que no dan abasto.
¿Qué hacer? Para Derene, como en la línea 147 en ciertas horas “nadie responde”, la ciudadanía tendría que activar otros mecanismos. “La Policía Nacional tiene protocolos para trabajar con niños en situación de vulnerabilidad; entonces tenemos que como ciudadanía llamar a la comisaría, a la fiscalía; agotar todas las instancias, desbordarlas y decirles: ‘este problema está, es muy grave y algo hay que hacer urgente’”, parafrasea.
Moreira, que pertenece a la etnia Guaraní Occidental, comparte que la permanencia en calle de menores seguirá si no se resuelven los problemas en sus lugares de origen donde no llega la presencia estatal.
Alarman cuatro focos de riesgo en Asunción
Existen cuatro puntos de mayor preocupación en la capital, donde las dependencias de la Secretaría de la Niñez concentran sus recursos de asistencia: Terminal de Ómnibus, el microcentro, frente al Instituto Nacional del Indígena (Indi) y el Mercado de Abasto.
En los primeros tres sitios, se observó un aumento de permanencia de familias indígenas desde enero hasta diciembre del 2017, según mencionó Sonia Moreira, coordinadora de la Dirección de Protección del Buen Vivir de los Pueblos Originarios de la SNNA.
“En el microcentro se ve a muchos niños que están en situación de consumo, no solamente de cola de zapatero, sino que más bien de crac o marihuana. Y el refugio que tienen es la zona baja de la Chacarita”, refiere.
Ese despacho coordina acciones con el Indi, de modo de reubicar a las familias que se encuentran en situación de calle frente a esa entidad.
“La presencia de niños en el microcentro es justamente porque sus familiares se encuentran apostados frente al Indi. Por más que se hagan las intervenciones de retorno, vuelven con otro grupo”, señala y cuenta que el número de niños nativos fluctúa en cuestión de una semana.
Un día pueden ser 10 a 30 menores –dice– y a la semana siguiente pueden estar alrededor de 100, frente al Indi y en la zona de la terminal.
Moreira coincide que en fechas festivas, como las recientes, aumenta ostensiblemente la cantidad de familias indígenas en capital y área metropolitana. Por lo que se puede ver un promedio de 200 menores en la vía pública.
Infrahumano. Moreira revela que en cercanías a la estación de ómnibus se alquilan habitaciones a un costo de entre G. 5.000 y G. 10.000 por cada niño para que no pasen la noche a la intemperie.
“Les dan una pieza en condiciones, para mí, infrahumanas. No corresponde la forma en que están sobreviviendo en diferentes alquileres en la zona de la terminal”, expone sobre esta situación que constató mediante los educadores de la dirección a su cargo.
“Esta situación alarmante requiere del apoyo interinstitucional porque, si bien como Secretaría estamos enfocados a garantizar la protección de niños y adolescentes, no hablamos solo de ellos, sino también de sus familiares y, como población indígena es compleja, requiere otro tipo de demandas para poder solucionar de raíz este tema”, analiza.
En la zona del Abasto, el Painac identificó a 400 niños y adolescentes en situación de riesgo. “Desde agosto pasado estamos interviniendo ahí y se va a crear un centro de atención integral con una inversión asegurada de Unicef de G. 1.600 millones”, anuncia Jorge Amarilla, director de Painac.
1.400 menores viven en algunos de los 50 hogares en todo el país.
297 abordajes de niños en calle realizó en el 2017 Painac.
2.667 intervenciones realizó la SNNA a través de las llamadas al 147.
Opiniones
“No hay voluntad ni fondos suficientes”“No hay voluntad ni existen fondos suficientes (para abordar niñez y adolescencia). Esta Ley del Tabaco podría haber ayudado; iba a ser la primera vez que unos recursos iban a ser destinados exclusivamente para el funcionamiento de un sistema. Existen las Codenis (Consejerías por los Derechos de la Niñez) en municipios, pero son de escritorio porque están en el área de tránsito”. Ricardo Derene, del CDIA.
“Un niño en calle es víctima de violencia”
“Un niño no puede estar solo en la calle sin la supervisión de un adulto. Un niño que está en la calle es víctima de violencia y en este caso la Defensoría Pública debería representar al menor. Se debe analizar caso por caso, la situación particular y familiar de cada uno de ellos; lo que no podemos pretender es que se hagan redadas o que se les levante a todos”. Diana Vargas, abogada.
“El sistema está desbordado”
“Se viene satanizando la pobreza y se judicializa, esa no es la solución porque tampoco a los niños se les puede estar llevando a un hogar como depósito. La solución pasa por políticas públicas más efectivas y eficaces. El sistema administrativo está desbordado en muchos casos y en otros no responde, se judicializa como un caso de supuesto hecho de maltrato”. Bettina Ovando, defensora de Niñez.