Para la institución, que fue designada por los senadores para hacer una evaluación sobre los funcionarios, cargos, salarios y funciones, hay 401 empleados que se encuentran en situación irregular.
Sin embargo, los sindicalistas presentaron un informe paralelo al del CAES en el que consideran que los anómalos son 343 en el Senado y el Congreso; es decir, 58 trabajadores menos que lo señalado en el informe oficial.
Lo que se puede concluir de esta discusión, que aún sigue sin definirse, es que serían alrededor de 400 los empleados públicos de los que estaría prescindiendo el Congreso Nacional.
De acuerdo con los datos oficiales que se manejan, en total son 1.407 los nombrados y contratados.
Hasta el momento, todavía no se tienen resultados ni propuestas sobre la reestructuración, pero, en un principio, así como lo había anunciado el actual titular del Congreso, Mario Abdo Benítez, la intención es que ya se pueda contar con un organigrama nuevo a partir del reinicio del periodo parlamentario, en marzo del año que viene.
No obstante, cabe recordar que también hay varios senadores que se muestran disconformes con el trabajo realizado por el CAES, entre ellos, el oviedista José Manuel Bóbeda, quien abiertamente, en una sesión de la Cámara, había planteado a sus pares el rechazo del informe.
Incluso, el legislador oviedista lanzó la sugerencia de que el pago correspondiente a esa institución, que es de G. 550 millones, sea destinado a gratificaciones de los funcionarios.
MÁS JEFES. Innumerables fueron las irregularidades detectadas por el CAES, las cuales fueron presentándose por etapas hasta llegar a un informe final.
Entre las más resaltantes se puede mencionar la excesiva cantidad de direcciones con que cuentan tanto el Senado como el Congreso, por lo que una de las salidas es la eliminación en algunos casos y en otros la conjunción con las de similares funciones.
También se pudo deducir de los datos proveídos por la institución evaluadora que hay prácticamente dos jefes por cada funcionario, ya que existe una mayoría de direcciones, asesorías, coordinaciones y jefaturas, mientras que en menor cantidad aparecen los funcionarios en cargos subordinados a coordinadores y jefes.
Para ser más específicos, este último grupo suma un total de 436 funcionarios.
El Senado abonó G. 550 millones para la elaboración del informe, que no tiene la facultad de obligar a realizar cambios, sino más bien es una recomendación para mejorar el funcionamiento.