TSJE no tiene dinero suficiente para pagar subsidio a partidos

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Elecciones 2018. El presidente del TSJE, Jaime Bestard, deberá gestionar una reprogramación para pagar a los partidos.

Al Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) le faltan aproximadamente G. 45.000 millones para poder pagar el subsidio electoral a los partidos, movimientos, alianzas y concertaciones políticas que se presentaron en las elecciones generales de abril del año pasado.

Pese a que ya transcurrió casi un año de dichos comicios, recién ahora se cumplieron todos los procedimientos de estudio de las rendiciones de ingresos y gastos de campaña que presentaron 49 agrupaciones políticas.

Sin dinero. El TSJE tiene solamente G. 20.000 millones de los G. 65.000 millones que debe pagar, debido a que fue el propio Congreso Nacional el que aprobó este monto para dicho rubro en el Presupuesto General de la Nación 2019, según explicó el director de Partidos y Movimientos Políticos del TSJE, César Rossel.

“No hay plan de caja, no se va a pagar todavía, ahora se están revisando los informes que vinieron de los partidos con las respuestas a las observaciones de la Contraloría... No hay plata, el Congreso aprobó solamente unos G. 20.000 millones para subsidio y el monto estimado que calculamos es de unos G. 70.000 millones”, explicó.

Manifestó que la Justicia Electoral pagará lo que tiene en su presupuesto y pedirá una reprogramación presupuestaria o pagará lo que falta el año próximo si esto no corre en el Congreso.

Descuentos. Los diferentes grupos políticos sufrirán descuentos en el cobro del subsidio electoral, según el grado de calidad de sus informes de ingresos y gastos de la campaña política, acordes con lo que establece la reglamentación de la Ley de Financiamiento Político, explicó Rossel, quien también subrayó que algunos no tendrán descuentos.

Para establecer el calendario de pago, así como los descuentos que se van a aplicar, se reunirá en los próximos días la Comisión de Financiamiento Político del TSJE, presidida por Jaime Bestard.

El retraso principal se dio en la Contraloría General de la República (CGR), que recibió los documentos en julio del 2018 y debió haber entregado su dictamen ya en setiembre del año pasado.

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