La inflación no es un fenómeno exclusivamente monetario como se enseña en los cursos iniciales de economía; por lo tanto, la política pública tiene múltiples instrumentos para reducir su impacto en las familias, sobre todo en aquellos grupos socioeconómicos que no tienen ninguna capacidad para mantener sus niveles de consumo en un contexto de aumento de precios de la canasta básica.
Este objetivo debe ser prioritario. La inflación es una fuente de injusticia social, tiene un alto impacto regresivo acentuando los ya inmorales niveles de desigualdad, aumenta la pobreza y limita las oportunidades de generación de empleo. A largo plazo, la incertidumbre que genera la inflación obstaculiza el emprendedurismo y la inversión. Así como le damos alto valor a la estabilidad macroeconómica, debemos valorar la estabilidad de las familias a nivel micro.
Si bien hay determinantes donde la política pública tiene poco espacio para accionar como el aumento del precio del petróleo o del tipo de cambio, la política fiscal y el impulso a la competencia tienen un rol fundamental en la ralentización del aumento de los precios y en la mitigación de la pérdida de poder adquisitivo del ingreso de los trabajadores.
A corto plazo, un pilar fundamental de la contención de la inflación es el impulso a la agricultura familiar de manera a aumentar la oferta de alimentos, que históricamente vienen teniendo un aumento mayor que el promedio de inflación. Esta medida no solo redundará en beneficio de los trabajadores y sus ingresos, sino también en la contención de costos de una amplia proporción de micro, pequeñas y medianas empresas que se encuentran en la rama gastronómica.
Obviamente, el impulso a la agricultura familiar debe ir acompañado de un férreo control del contrabando y de políticas sociales que garanticen estabilidad en los niveles de consumo. Los altos gastos de bolsillo en salud y educación conspiran con cualquier objetivo de mantener la capacidad adquisitiva y de consumo de los hogares.
El efecto regresivo de la inflación puede contrarrestarse con el impulso a las políticas que son progresivas como las de salud, educación y protección social no contributivas financiadas con recursos extraordinarios provenientes justamente de los factores causantes de la inflación. El aumento de los precios internacionales de los productos exportados por Paraguay, como soja o carne, y que generan incremento en los precios internos, puede financiar la política fiscal que contrarreste parte de los efectos inflacionarios.
Por otro lado, las regulaciones de mercado, reduciendo conductas monopólicas, oligopólicas u oligopsónicas, son determinantes en los precios de una economía. El caso de la carne es emblemático y ejemplar en este sentido, concentrado en pocos frigoríficos. La logística de intermediación de la agricultura familiar es otro caso que debe revisarse. La mejor regulación del transporte público y los precios de pasajes.
Estos son algunos ámbitos que afectan de manera directa a la capacidad adquisitiva de los ingresos laborales, pero hay otros tanto o más importantes que deben ser objeto de intervención estatal, ya que el país cuenta con un marco normativo-institucional de defensa de la competencia y del consumidor que debe ser puesto en práctica para beneficio de la mayoría.