La calidad del trabajo es uno de los mayores desafíos que tienen los trabajadores. A los bajos niveles de activos se agregan los bajos ingresos y la casi ausencia de seguridad social. En Paraguay, menos del 30% de la población aporta a algún mecanismo de jubilación, lo que ocasiona que en la vejez pierdan autonomía económica y calidad de vida. La población aportante se ubica mayormente en el 40% de la población con mayores ingresos.
Para los que están en situación de pobreza existe el programa de pensión alimentaria para personas mayores, pero los fondos no son suficientes para llegar a la totalidad de la población objetivo. Adicionalmente, el monto que se les entrega —25% del salario mínimo— no alcanza para adquirir una canasta de alimentos acorde con las necesidades nutricionales propias de la edad.
El sistema de protección social construido de esta manera deja afuera a la mitad de la población que se encuentra en el medio de la estructura socioeconómica, que a pesar de que trabajó toda su vida, a la hora del retiro laboral queda fuera de cualquier mecanismo que le permita tener ingresos en la vejez. Estas personas eran mujeres amas de casa que trabajaron toda su vida invisibilizadas, trabajadores cuentapropistas, campesinos o son parte de la población que por culpa de la evasión a la seguridad social quedaron afuera. Por muchas razones, el sistema actual es altamente excluyente.
Durante casi 120 años el sistema de jubilaciones ha permanecido sin cambios que permitieran ampliar su cobertura y fortalecer la base solidaria del sistema. Al contrario, los cambios que se implementaron contribuyeron a generar déficits que son financiados injustamente por una amplia población excluida del sistema jubilatorio o que recibe una pensión mínima. Un sistema solidario como el nuestro se sostiene a largo plazo cuando la base es amplia, es decir, los que aportan son jóvenes que financian a los que se van jubilando. Sin embargo, en Paraguay el acceso de la juventud al sistema no está creciendo en la medida de las necesidades, mientras que los que se retiran están aumentando. Adicionalmente, hay sectores poblacionales que aportan poco para lo que reciben, erosionando el pilar solidario y convirtiéndose en un grupo privilegiado.
En definitiva, nuestro sistema jubilatorio tiene dos problemas. En primer lugar, su baja cobertura viola derechos fundamentales y obstaculiza la calidad de vida en la vejez. En segundo lugar, así como está diseñado, es insostenible. De hecho, la Caja Fiscal está acumulando un déficit ocasionado principalmente por los regímenes de policías y militares, que es financiado con impuestos que en muchos casos son aportados por quienes no tienen ni tendrán jubilación en su vejez.
Paraguay necesita reformar su sistema de jubilaciones garantizando un sistema solidario, de amplia cobertura desde los 18 años sin importar la característica de la tarea que realiza. Nuestra Constitución, las leyes y los compromisos internacionales garantizan el derecho a una jubilación. La efectivización de este derecho requiere de un debate nacional y un nuevo marco institucional, por lo que urge empezar a diseñarlo mientras tengamos la oportunidad del bono demográfico.