El pleno de la Cámara de Diputados sancionó ayer el proyecto de ley que regula la inmovilización de activos financieros de personas relacionadas con el terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva y los procedimientos de difusión y exclusión en la lista de sanciones elaboradas en virtud de la resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
Sin embargo, la normativa, que forma parte del paquete de leyes antilavado propuesto por el Poder Ejecutivo, no fue aprobada con las recomendaciones realizadas por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), entidad que desde noviembre próximo iniciará una evaluación al país.
En cuanto a los diputados oficialistas, quienes debían defender el proyecto del Ejecutivo, no emitieron opinión alguna y terminaron votando en contra.
Las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Legislación y Lucha contra el Narcotráfico dictaminaron de manera similar, recomendando que la versión del Senado sea aprobada con modificaciones.
La diputada patriaqueridista Rocío Vallejo fue una de las férreas defensoras de los cambios y explicó que en la Cámara Alta, del proyecto remitido por el Poder Ejecutivo, le cercenaron lo esencial y no se cumplió con un compromiso que se asumió como país.
En la propuesta defendida por Vallejo, se incluía la creación de un comité interinstitucional que sería el encargado de incluir o excluir a personas físicas o jurídicas de la lista de quienes serán congelados sus activos, esto a nivel nacional. Dicho comité estaría conformado por un miembro de Diputados y del Senado, del Poder Judicial, del Poder Ejecutivo y del Ministerio Público.
Los cartistas se manifestaron fuertemente en contra de la propuesta y en el caso el líder de bancada, Basilio Núñez, el argumento esgrimido fue que no se le puede dar tanto poder a una entidad (el comité), porque podría incurrir en una persecución política.
En el mismo sentido se expresó su correligionario Tadeo Rojas, quien sostuvo que las instituciones que van a conformar el Comité no son confiables.
Ante esta situación, la diputada Celeste Amarilla dijo que con la postura de Rojas, es mejor cerrar todo. “De quién desconfiamos, están los tres Poderes y la Fiscalía, o quién quieren que conforme el Comité”, se preguntó, al tiempo de añadir que se sanciona una ley imposible de ejecutar.