Corría el año 2005 en el Colegio Nacional de la Capital, Gral. Bernardino Caballero. Si existen los ángeles de la guarda, al menos 50 estaban trabajando ese día en que el techo del tercer año de la media se derrumbó. Para nuestra suerte (¿ayuda divina?) y de la entonces ministra Blanca Ovelar, el hecho ocurrió a las 12.15 aproximadamente, hora en la que ya no quedaba nadie del turno mañana y los alumnos del turno tarde aún no llegaban. Un detalle no menor es que Marta Lafuente ya estaba trabajando en el MEC en aquella época, como viceministra de Educación.
Un colegio con más de 120 años encima, que hasta entonces poco o nulo mantenimiento había tenido, se empezaba a caer a pedazos. Se tuvo que llegar hasta ese punto para que las autoridades educativas salgan de la modorra y actúen. Aquella tragicómica anécdota volvió a mi mente la semana pasada cuando los jóvenes colegiales empezaron su digna y merecida cruzada. Once años después, el escenario sigue igual o peor, con más dinero disponible, pero más colegios colapsando.
¡Qué ironía! Pupitres sin asientos, mesas rotas y sillas sin respaldo son las barricadas ideales en las distintas instituciones, para demostrar lo deplorable que está la educación pública paraguaya.
Las puertas vetustas de medio siglo atrás, ventanas rotas y muros resquebrajados complementan el panorama de lo mucho que le importa la formación básica al país que recibe millones de dólares por los royalties y cesión de energía de las binacionales.
Si bien el Fonacide es un fondo relativamente nuevo, los royalties por la producción de energía de Itaipú y Yacyretá que reciben las gobernaciones ya están vigentes desde hace décadas. Ese dinero debe ser destinado a obras de infraestructura en las instalaciones de enseñanza de toda la República. Desde 1989 hasta abril del 2016, solo Itaipú transfirió USD 4.852 millones en concepto de royalties. Y todavía vemos a niños estudiando bajo los árboles. Triste.
Por la cesión de la energía que no utiliza, Paraguay recibe en promedio USD 440 millones (USD 360 millones Itaipú y USD 80 millones Yacyretá) al año. Sin embargo, únicamente los recursos de Itaipú fueron reglamentados para atender a la educación, con el hasta ahora insulso Fonacide.
Una parte de la ciudadanía se molesta con los estudiantes secundarios por sus manifestaciones. Es fácil criticar desde la comodidad del hogar cuando no tuvieron que fabricar un escritorio con baldes o no se tuvo que dar clases en el patio porque se inundó el aula.
Solo espero que su lucha continúe y sea la llama que encienda la lucha por los derechos en otras esferas. Este es el bono demográfico que realmente generará desarrollo.